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pollos asados

La venta de pollos asados es una muestra del incremento del subempleo. FOTO/LA PRENSA/Uriel Molina

Más de 6 de cada 10 trabajadores se encuentran en subempleo o no son remunerados

Estas condiciones se han agudizado a raíz de la crisis política de 2018, pues hasta enero de ese año las personas en estas condiciones eran el 56.8 por ciento, es decir, 5.3 por ciento menos que ahora

La última encuesta del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), publicada el 16 de diciembre, muestra que el 62.1 por ciento de la población con edades para trabajar y ocupadas se encuentra en condiciones de subempleo o realizando trabajos por los cuales no reciben un pago.

En cuanto al subempeleo, es decir las personas que realizan trabajos que les demandan menos de ocho horas al día y no tienen un salario fijo ni reciben prestaciones sociales, hasta el tercer trimestre de 2020 se encontraban el 46.3 por ciento de los trabajadores del país.

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En tanto, las personas que realizan trabajos no remunerados, solamente una ayuda en concepto de alimentos o alojamiento, se encuentran el 15.8 por ciento de la población con edad para trabajar. Esto quiere decir, que si los no remunerados se suman con los que están en el subempleo da como total 62.1 por ciento de la población en estas condiciones.

Esta realidad se ha agudizado a raíz de la crisis política de 2018, pues hasta enero de ese año las personas en estas condiciones eran el 56.8 por ciento, es decir, 5.3 por ciento menos de cómo está ahora. En ese entonces el 42.6 por ciento de las personas ocupadas estaban en el subempleo y el 14.2 realizaba trabajos no remunerados, unos número significativamente más bajos que los que se han registrado este año.

El deterioro más grande que se ha registrado en los informes ocurrió en diciembre de 2018, cuando el porcentaje de subempleo ascendió hasta el 50.1 por ciento, mientras que los trabajadores no remunerados eran el 14.65 por ciento. Esto significó un pico de casi 65 por ciento de las personas en estas condiciones.

Las estadísticas del Banco Central de Nicaragua (BCN) también muestran que entre marzo de 2018 y agosto de 2020 el INSS perdió 201,002 afiliados debido a la crisis económica que vive el país desde hace dos años y los estragos de la pandemia de coronavirus.

“Después del shock contractivo de 2018 en el que la tasa de desempleo y la tasa de inactividad alcanzaron su máximo en 4 años, los indicadores laborales en el 2019 se han caracterizado por un cambio de momento. Si bien la tendencia de estos indicadores ha presentado un deterioro con respecto al año anterior, en el corto plazo se observan señales positivas”, indica el informe del BCN de 2019.

Crisis en sectores vulnerables

El sociólogo Óscar René Vargas dijo que la caída de la economía nicaragüense en estos dos años, entre 2018 y 2020, ha tenido mayor incidencia en los sectores más vulnerables y con afectación desproporcionada en los hogares de bajos ingresos, trabajadores informales, desempleados, mujeres y jóvenes. “Es necesario tomar en cuenta que la mayor afectación en el empleo se dio en las actividades de menores ingresos, con trabajos eventuales y por cuenta propia”, agregó.

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Vargas señaló que la crisis “barrió con más de la mitad de los empleos entre los trabajadores que todavía ganaban un salario promedio nacional”, además la pérdida de plazas se ha concentrado en los servicios para el consumo privado (hoteles, restaurantes, turismo y todo tipo de servicios). “Desde el 2018, una de las características ha sido la precarización del empleo. El gobierno no ha lanzado algún programa de apoyo a los sectores más afectados en el empleo”, agregó el sociólogo.

El sociólogo Cirilo Otero considera que los altos índices de subempleos se deben a que la economía nicaragüense es de servicios y no de producción de bienes terminados. “Las actividades laborales son básicas, no competitivas y el precio de la fuerza de trabajo es muy baja. Y por último, al ser una economía de servicios, la población económicamente activa busca la informalidad porque el costo de la actividad económica tiene bajo costo y paga poco impuesto”, agregó Otero.

El analista Vargas dijo que se prevé que pasarán entre ocho a 10 años para que los trabajadores formales que perdieron sus empleos vuelvan a trabajar en el corto plazo. “Comprender el comportamiento de estos trabajadores desanimados y otros miembros vulnerables de la fuerza laboral es clave para comprender el posible daño a largo plazo de la recesión actual”, consideró.

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