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CONTENIDO EXCLUSIVO.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se prepara para fallar sobre el recurso contra el Estado de Nicaragua por la reelección presidencial de Daniel Ortega en 2011, interpuesto por el excandidato presidencial y empresario radial, Fabio Gadea Mantilla.
Luego de que la CIDH decida si hubo o no violaciones a los derechos humanos y políticos de la víctima, el caso pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede de Costa Rica.
Edmundo Jarquín, compañero de fórmula de Gadea en 2011, explicó a LA PRENSA que si bien el fallo de la CIDH no aliviará al país de la dictadura de Daniel Ortega, establecería un precedente que pueda servir de base jurídica e inspiración política para corregir a las dictaduras de América Latina.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dará a conocer el calendario de audiencias públicas que tendrán lugar en el marco del 178 Período de Sesiones, a realizarse en forma virtual entre el 3 y el 15 de diciembre. Las audiencias públicas se desarrollarán del 3 al 10 de diciembre.
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“Lo importante es destacar que el Gobierno aceptó en principio la naturaleza del enjuiciamiento y contestó el fondo de la cuestión. Una vez que la Comisión falle sobre este tema, va a pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene facultad jurisdiccional. Una vez que pase a la CorteIDH y esta falle de conformidad con lo que haya establecido la CIDH, existe un compromiso legal de todos los Estados para impedir las reelecciones, que es la tendencia general de los regímenes autoritarios para perpetuarse en el poder”, manifestó Jarquín.
Los hechos denunciados ante la CIDH
Gadea Mantilla, quien se postuló en 2011 como candidato presidencial por el Partido Liberal Independiente (PLI), presentó la denuncia contra el Estado de Nicaragua el 5 de octubre de 2011, por violaciones a sus derechos políticos, igualdad ante la ley y de protección judicial. El 1 de octubre de 2011, junto con otros candidatos, presentó un recurso de impugnación de candidatos a presidentes, alegando que el artículo 147 de la Constitución Política (vigente en ese tiempo), le prohibía la reelección a Ortega.
Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral (CSE) no dio pase al recurso de impugnación, amparándose en una sentencia del 2009 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que confirman el derecho de Ortega para participar en las elecciones de 2011. Ortega cumplió este 2020, 13 años en el poder.
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Para Jarquín, el fallo de la CIDH posiblemente no tenga incidencia en las elecciones de 2021, cuando en Nicaragua se celebren las elecciones presidenciales y legislativas. No obstante, fija un precedente válido para los países de América Latina y revela la dimensión de la ilegalidad de la sentencia de la CSJ “cuando amparó a Daniel Ortega, en el 2011 a pesar de tener una doble y expresa ilegalidad en su petición para una tercera reelección”.
“Lo importante es que el Gobierno contestó al fondo de la situación una vez que fue admitido. En mayo del 2019 se presentó el memorial del fondo y el Gobierno lo contestó en febrero de 2020. Pero bueno, el caso es que la tendencia de los regímenes autoritarios es la reelección indefinida, y eso encontraría el principio fundamental de que no se violan los derechos humanos al establecer una restricción a la reelección indefinida”, manifestó.
Proceso de la denuncia ante la CIDH
El recurso de Gadea Mantilla ante la CIDH fue admitido en diciembre de 2018. A través de sus abogados, presentó su Memorial sobre el Fondo en mayo de 2019 y el gobierno de Ortega respondió la demanda el 25 de febrero de 2020.
Sobre el documento presentado por el gobierno de Ortega, el 14 de noviembre pasado el doctor Björn Arp, abogado del caso en representación de Gadea Mantilla, interpuso el documento ante la CIDH “Observaciones sobre el Memorial del Estado sobre el Fondo en el Caso”.
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El resumen de estas Observaciones explica cómo el caso de Nicaragua es representativo de una ola de iniciativas en varios países de América Latina que pretenden consolidar un supuesto “derecho humano a la reelección indefinida para sus presidentes”.
Se menciona cómo los Estados gobernados por presidentes, que no quieren respetar sus propias Constituciones y permanecer indefinidamente en el poder, alegan como base jurídica el art. 23 de la Convención Americana, con una interpretación cínica que desvirtúa el objeto y fin de dicha disposición de este máximo tratado de derechos humanos de América Latina, para justificar regímenes autoritarios. La contradicción es palpable, ya que la Convención Americana fue precisamente adoptada para permitir que en las Américas se establecieran y consolidaran regímenes democráticos, y no autoritarios.
“El caso de Fabio Gadea Mantilla es no solo la oportunidad para la CIDH de atender las específicas circunstancias del caso de la víctima. El caso establecería un precedente que pueda servir de base e inspiración para corregir la tendencia más general de perpetuación en el poder de algunos presidentes, con grave consecuencia para la democracia en la región, como las ha tenido en Nicaragua con varios centenares de muertos a consecuencia de la represión gubernamental, (de abril de 2018)”, se expresa en el documento del doctor Björn Arp.