La desigualdad es una problemática permanente en la región americana y con la llegada de la pandemia han sido aún más evidente estas desigualdades que afectan principalmente a poblaciones vulnerables como mujeres, comunidades indígenas, entre otras, por las medidas tomadas por los estados para contrarrestar los efectos de la pandemia.
“La pandemia ha sido un catalizador de la pobreza, al considerar el panorama económico y social que enfrentará la región, la situación se hace realmente apremiante y exige esta perspectiva de desigualdad”, expresó Soledad García Muñoz, Relatora Especial de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante el webinar “Desigualdad y Derechos Humanos frente a la pandemia”.
La CIDH desde el inicio de esta pandemia ha realizado esfuerzos por medio de sus relatorías para recomendar a los estados medidas y políticas públicas con enfoque de derechos humanos, con el objetivo de que esta emergencia no profundizará las brechas o desigualdades existentes en la región
“El objetivo de todas las políticas y medidas que se adopten deben basarse en un enfoque de derechos humanos que contemple la universalidad e inalienabilidad; indivisibilidad; interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos; la igualdad y la no discriminación; la perspectiva de género, diversidad e interseccionalidad; la inclusión; la rendición de cuentas; el respeto al Estado de Derecho y el fortalecimiento de la cooperación entre los Estados”, se lee en la resolución 1/2020, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas de la CIDH.
Sin embargo, la relatora especial considera que el mayor reto ha sido que los estados apliquen estas recomendaciones.
“El gran desafío es que nuestros llamados y recomendaciones se lleguen a reflejar en las políticas públicas y también en la organización del aparato estatal y de todos sus poderes, esta es la máxima búsqueda de la comisión en su carácter de complementaria y subsidiaria de los ordenamientos y las acciones estatales”, afirmó García Muñoz.
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Medidas y acciones que deben tomarse para evitar la desigualdad
Juan Pablo Bohoslavsky, Editor del libro Covid-19 y Derechos Humanos, expresó que a través de los capítulos de dicho libro, quedó plasmado que las violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) y exposición a la discriminación interseccional de grupos en mayor situación de vulnerabilidad, “están asociados tanto a mayor nivel de contagios y letalidad del virus, como a un impacto social y económico diferenciado como consecuencia tanto de la pandemia como de la recesión”, explicó Bohoslavsky.
Por esta razón, considera importante que deben practicarse evaluaciones del impacto de las políticas económicas y fiscales sobre los derechos humanos.
“Muchos de los efectos negativos del número de políticas son sabidos de antemano, con lo cual la participación en esas evaluaciones por parte de los grupos potencialmente afectados, sobre todo, por esas mismas decisiones, creo que fortalecería el debate público y a su vez constreñiría las decisiones que quedarían limitadas a opciones con un enfoque de derechos humanos”, dijo Bohoslavsky.
En este foro virtual se resaltó la utilidad e importancia de la resolución 1/2020 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas de la CIDH, en la que la comisión hace un llamado a los estados a centrar las medidas y políticas públicas, tomadas para enfrentar la pandemia, con un enfoque de derechos humanos.
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Por su parte, Mariela Morales Antoniazi, Investigadora principal del Max Planck Institute, considera que así como se defiende la protección de los derechos civiles y políticos, deben protegerse los DESCA con la formula de las tres “i”, interdependencia, indivisibilidad e interseccionalidad.
“Necesitamos entonces que se garanticen los DESCA y que se garanticen los derechos civiles y políticos, pero en clave reforzada para atender a los grupos y personas en situación de vulnerabilidad”, expresó Morales.
Además, considera que con el Ius commune o derecho común emergente después de la pandemia, el cual está orientado no solamente a difundir estándares de derecho nacional, sino que fomenta también una dinámica de empoderamiento de los actores sociales, “permite identificar todos los actores y el potencial transformador que tienen para hacer realidad la triada, democracia, estado de derecho y derechos humanos”.
También Roberto Saba, Profesor de derechos humanos y derecho constitucional, de las Universidades de Buenos Aires y de Palermo, Argentina, considera que los estados deben entender que la desigualdad estructural es una cuestión de derechos humanos, del derecho a la igualdad en particular.
“Necesitamos que los estado entiendan que su compromiso con la igualdad ante la ley, implica responsabilidades y obligaciones de llevar a cabo medidas que desmantelen la situación de desigualdad estructural”, expresó el profesor Saba.
Asimismo, el profesor Saba considera también que deben cambiar su concepto de igualdad, dejar de verla como no establecer distinciones en los tratos entre las personas, sino asociar el compromiso estatal con la igualdad, con la no perpetración de ventajas estructurales.
Por último, pero no menos importante, el Presidente de la CIDH, Joel Hernández, expresó que uno de los mayores aprendizajes que está dejando la pandemia, es la importancia que tiene el estado de derecho en la atención a crisis sanitarias, siendo la democracia y el estado de derecho, condiciones necesarias para lograr la vigencia y el respeto de los derechos humanos.
“Precisamente en aquellos estados donde existe una institucionalidad democrática vigente con una autentica separación de poderes, es posible entonces, llevar a cabo una política pública de atención a la salud con pleno respeto a los derechos humanos. Es a través del dialogo entre los poderes públicos como se han adoptado decisiones eficaces para contener la pandemia con respeto a los derechos humanos”, expresó el presidente de la CIDH.
