Según el artículo 19 del Código de la niñez y adolescencia de Nicaragua, “el Estado brindará especial atención a los niños, niñas, y adolescentes que se encuentren en situación de peligro, riesgo sicológico, social o material”. Sin embargo, en el Nicaragua cada día aumenta la cantidad de menores en situación de calle, lo que a su vez aumenta la posibilidad de vulneración de sus derechos.
El principal derecho vulnerado cuando niños, niñas y adolescentes están en situación de calle y trabajo infantil, es el derecho a recibir protección especial por parte del estado, seguido de su derecho al desarrollo integral, derecho a la educación de calidad y su derecho a vivir libre de violencia.
“Ellos están expuestos a la violencia, expuestos a algún abuso, potencialmente se encuentran expuestos a que otros niños, otros adolescentes, y lo peor de todo, es que adultos los agredan físicamente, psicológicamente e inclusive sexualmente”, dice Jorge Mendoza, representante Legal de la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni)
Esta situación sin duda ha aumentado en el contexto de la pandemia, “en el año 2010, las estadísticas que manejábamos eran que unos 300 mil niños, niñas y adolescentes podrían estar en situación de trabajo infantil, y la encuesta del Nivel de Hogares del INIDE del 2018, indican que en la actualidad hay unos 495 mil niños, es decir casi medio millón de niños, niñas y adolescentes que se encuentran trabajando entonces si hay más niños en las calles”, agrega Mendoza.
En Nicaragua, las familias de al menos seis personas, necesitan un ingreso de US$ 576 para no ser consideradas pobres, según el Banco Mundial (BM), y de acuerdo a su métrica sobre la pobreza, actualmente el 50 por ciento de los trabajadores formales y cerca del 80 por ciento de los que laboran en el sector informal están por debajo de la línea de pobreza.
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“Por todos los datos anteriores, se puede estimar que en Nicaragua más de la mitad de los niños menores de cinco años se encuentran viviendo en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Por esa razón, esos niños salen a trabajar a la calle con el objetivo de obtener algún dinero para medio alimentarse”, considera el sociólogo, Oscar René Vargas.
Protección de la niñez y la adolescencia no es prioridad para el estado
“El hecho que el tema de pobreza no se encuentre en la agenda nacional como factor prioritario, la situación de los niños y de los adolescentes tampoco se visibiliza”, expresa Vargas, al consultarle por la falta de preocupación por la niñez y adolescencia por parte de estado.
Si bien el sociólogo resalta el hecho de que el tema no está en agenda en la actualidad, Mendoza, representante de Codeni, considera que la problemática de falta de protección de la niñez ha venido decayendo desde 2008, cuando al Ministerio de la Familia asumió las responsabilidades del Consejo Nacional de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia (Conapina).
“Conapina era un ente rector supra después de los ministros de estado, entonces era una instancia que lamentablemente ahora ya no funciona y se desmantelaron defensorías municipales de la niñez y la adolescencia en muchas alcaldías”, recuerda Mendoza.
“Toda esta actuación gubernamental en contra del sistema nacional de protección ha colocado a la niñez y la adolescencia en una situación de vulnerabilidad general. Una situación de vulnerabilidad en la educación en la salud, en la protección, etc.”, agrega Mendoza.
Cierre de Centros de protección de niñez y adolescencia aumenta posibilidad de violencia
En las últimas semanas el régimen de Ortega, por medio del Ministerio de la Familia desalojaron a niños, niñas y adolescentes de diferentes centros de protección de organizaciones no gubernamentales, llevándolos de regreso a los lugares donde estuvieron en peligro antes de llegar a los centros por mandato del mismo ministerio, como ha sido el caso de Casa Alianza con el cierre de dos de sus centros de protección especial.
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“Todos esos niños que han sacado, ha sido una actuación que contradice la misma resolución institucional, estos niños llegaron a los centros de protección porque el Ministerio de la Familia determinó que debían estar en un centro de protección, y sin ninguna investigación seria ahora los sacan y los retornan al mismo lugar que dio violencia”, expresa el representante de Codeni sobre la situación.
Asimismo, mencionó que muchos de los centros y organizaciones no gubernamentales que prestan servicios de protección a la niñez y adolescencia, están en alerta permanente por la situación que ha experimentado Casa Alianza.
“No tenemos un Estado suficientemente fuerte, lo suficientemente dotado en recursos para poder atender toda la demanda de protección que amerita la niñez y la adolescencia, entonces las organizaciones de sociedad civil han venido a complementar, han venido a suplir y en algunos de los casos a sustituir la labor que debía hacer el estado”, finaliza Mendoza.
