Nicaragua deberá emprender una serie de reformas estructurales y financieras para reencaminar la economía hacia la recuperación tras el choque de la pandemia del Covid-19, que abarcará una vez más la revisión del gasto tributaria, que implique reducción en exoneraciones, según se desprende de un análisis regional elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominado Reto y oportunidades: Recuperación post Covid-19 América Latina y el Caribe.
De entrada el BID señala que la crisis económica mundial generada por el Covid-19 afectará por cuatro canales a Nicaragua: las exportaciones, las remesas, la inversión extranjera directa y el turismo, principalmente por el impacto que la pandemia tendrá en los principales socios del país, tanto en la demanda, el empleo y la salida de viajeros.
Con ello la economía nicaragüense transitará en un terreno negativo de entre 4.3 por ciento y seis por ciento, según pronósticos hasta mayo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, respectivamente, citados por el BID en su reporte.
Para salir de ese atolladero, según el organismo, el Gobierno deberá impulsar reformas y paquetes de apoyo en múltiples áreas subdivididas en: sector macro-fiscal, sector privado y sector social.
A nivel fiscal, el BID indica que en un primer momento esta debe estar enfocada en contribuir a la recuperación económica, es decir no profundizar la contracción de las actividades productivas y una vez lograda esa finalidad, se deben hacer ajustes que ayuden a garantizar que la deuda pública siga siendo sostenible, que implique que haya un equilibrio entre los ingresos y gastos.
Focalizar el gasto público
Y mientras se logra esa recuperación económica, que dé margen para aplicar reforma fiscal, el Gobierno deberá focalizar su gasto público, que conllevaría a reducir subsidios así como aplicar recortes en el gasto corriente para generar ahorros y eficiencias. Tal como lo sugirió el Fondo Monetario Internacional, en particular, según el BID, se debe procurar “reducir gastos corrientes del sector público (compra de bienes y servicios, subsidios y transferencias a empresas estatales), y fortalecer la red de protección social”.
En paralelo se deberá priorizar proyectos de alto impacto económico, principalmente aquellos que estimulen la actividad productiva, particularmente el sector primario (lácteos, carnes, producción agrícola, entre otros), los que se complementarán con inversiones públicas en carreteras, puertos, banda ancha, energía, agua y saneamiento, educación y salud.
“Para mejorar la eficiencia del gasto de capital sería oportuno fortalecer la gestión de inversiones públicas. Asimismo, es necesario clasificar de manera transparente cuáles de los potenciales apoyos durante la pandemia son temporales eso con el fin de evitar que las medidas que estaban pensadas para ser otorgadas en la coyuntura actual no generen presiones fiscales permanentes”, indica el BID.
Hasta ahora el régimen de Daniel Ortega no ha impulsado reforma al Presupuesto General de la República pese a que en el segundo trimestre reportó una reducción de más de 5,000 millones en córdobas en recaudación de impuestos, que fue ligeramente compensado por una sobrerrecaudación de más de 2,000 millones de córdobas reportado en el primer trimestre de este año.
El sector privado, que se ha visto asfixiado por una reforma tributaria del 2019 tras dos años de recesión económica, ha insistido al Gobierno que en lugar de buscar cómo extraer recursos al empresariado y los trabajadores, lo ideal es que impulse medidas de ahorros en el gasto corriente, pero hasta ahora el Ejecutivo no ha escuchado y ha optado por sacrificar la inversión y las transferencias municipales.
Pero el BID cree que aún hay margen de hacer revisiones en el gasto tributario, una vez que existan las condiciones. “Si bien la reforma de 2019 redujo algunas exoneraciones, principalmente en el IVA, existen áreas de oportunidad en la implementación de medidas por el lado de la política fiscal para potenciar la recaudación vía el diseño de impuestos más equitativos y con limitados tratamientos diferenciados, así como por contar con un sistema más simple de implementar por la autoridad fiscal y de cumplir por los contribuyentes”.
El que más gane, que más pague
Al respecto plantea que cuando se haga una revisión de los impuestos se debe procurar que estos no generen distorsiones entre los agentes económicos; segundo, que sean equitativos, es decir, que el contribuyente con mayores ingresos y riquezas sean los que más paguen, mientras que dos personas con las mismas características compartan la misma carga fiscal.
Y un tercer elemento es que los recursos que recaude el Gobierno deben ser suficientes para financiar el gasto público y para lograr eso se debe simplificar los sistemas fiscales y cerrar las posibilidades de elusión y evasión de tributos.
En el sector privado y en la coyuntura actual, el BID considera que Nicaragua debe apostar por proteger el empleo y evitar el cierre de empresas. “El éxito en la consecución de esas metas minimizar el costo económico, laboral y social de la potencial coyuntura, así como facilitar la recuperación económica del país”, afirma el organismo, que señala que esto debe ser prioridad de cara a la recuperación económica post pandemia.
De no lograrse esa protección, el organismo regional indica que eso implicaría “la pérdida de inversiones, conocimiento, relaciones, cadenas de valor y habilidades laborales”, que podrían tomar tiempo restituirse y hacer más prolongada la recuperación. Hasta ahora el Gobierno no ha informado cuántas empresas afiliadas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social han cerrado operación, pero lo que sí se conoce es que más de 33,000 quedaron sin trabajo entre abril y mayo, según marco presupuestario de mediano plazo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Nicaragua también deberá seguir potenciando la modernización de los puestos fronterizos, retomar el camino de atracción de la inversión extranjera directa y potenciar los productos de exportación que ya están en el mercado y los que aún tienen potencial para generar mayores ingresos. En este esfuerzo la asociación pública privado será fundamental, precisa.
Si bien es una política en México, el BID cree que sería conveniente analizar la posibilidad de diseñar políticas de apoyo fiscales y financieros para las empresas formales, pero que se ponga como condicionante que estas no despidan a ningún trabajador.
Restaurar la confianza empresarial
En paralelo, el organismo considera que sería oportuno que Nicaragua se enfoque en elevar la competitividad, aumentando la inversión en infraestructura, atender los cuellos de botella tecnológicos y mejorar las habilidades de la fuerza laboral y acciones que restauren la confianza empresarial.
También se deben crear regímenes acelerados para la resolución y apertura de empresas; incentivos y políticas dirigidas a incrementar el financiamiento al sector productivo, en particular de nuevos emprendimientos y micros, pequeñas y medianas empresas a través de fondos de garantía o fortalecimiento de la banca de desarrollo y potenciar un sistema de crédito basado en microfinancieras con cobertura en todo el país; incentivar a la incorporación a la cadena productiva de las empresas de zona franca en el país.
Igualmente el Gobierno debe agilizar los procesos de deducciones a las inversiones por un periodo determinado. Todos estos esfuerzos deben estar acompañados por un mayor esfuerzo para cerrar la brecha digital, que implique facilitar el acceso a la tecnología de los grupos vulnerables y modificar planes educativos escolares y de entrenamiento acorde a un uso productivo de las nuevas tecnologías.
Proteger a las familias vulnerables
También hay tareas en el campo social. Para evitar una erosión de la clase media y el aumento de la pobreza, el Gobierno, mientras pasa la pandemia, debe implementar medidas para que las familias mantengan un estándar de vida adecuado. Al respecto, el BID sugiere que se debe analizar la posibilidad de extender la cobertura de los programas sociales ya existentes.
En ese sentido, “sería necesario evaluar la conveniencia de entregarlos en especie, debido a la baja bancarización del país (30 por ciento de la población adulta tiene una cuenta bancaria) y la existencia actual de programas de entrega de alimentos que pueden aprovecharse”. Asimismo, será necesario durante la crisis sanitaria priorizar la atención de los contagiados y garantizar la provisión de bienes indispensables para ello.
De lo contrario, el organismo señala que habrían retrocesos en lo ya ganado en el campo social. Recuerda que la pobreza entre el 2014 y 2016 cayó 4.7 puntos porcentuales y se ubicó en 24.9 por ciento. Además la clase media aumentó de 12.3 por ciento en 2007 a 21.1 por ciento en 2017, sin embargo, el porcentaje de la población que se encuentra en situación vulnerable representa el 43.2 por ciento de la población.
Tras la pandemia, el BID dice que desde el Gobierno se debe pensar en la viabilidad de diseñar programas de política social, enfocados en el desarrollo de de capital humano de los más pobres, vinculados a la educación, salud y nutrición de los niños. “Estos programas pueden generar una red de protección social para protegerlos en futuros choques económicos y sociales. Ello debe ir de la mano de esfuerzos para incrementar la fuerza laboral que pertenezcan al sector formal de la economía”.
Al respecto, el organismo plantea la necesidad de que se diseñen políticas para reducir la brecha de cobertura de la seguridad social a través de la promoción y creación de empleos de alta calidad, la inversión en la calidad de los sistemas de salud públicos, la revisión de la progresividad de los impuestos y la apertura de líneas de crédito a las mipymes, medidas que en su conjunto incentivan la transición al sector formal, recuerda.
“Complementariamente, en el mediano plazo podrían evaluarse una política de flexibilizar y adaptar los currículos escolares y de capacitación para orientarlos a las habilidades requeridas por el veloz cambio tecnológico de nuestra era ya las ventajas competitivas de Nicaragua, que permitiría incrementar el nivel educativo del país y la productividad laboral del país, al tiempo que mejoraría el nivel de vida de los nicaragüenses”, enfatiza.
