La situación financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) se va a deteriorar aún más y eso obligará al Gobierno a impulsar nuevas reformas a la Seguridad Social en el 2022, consideró Economist Intelligence Unit (EIU), que edita el grupo The Economist en su reciente reporte correspondiente a julio sobre la situación de Nicaragua.
“Mirando hacia el futuro, esperamos que el Gobierno se embarque en una nueva ronda de reformas a la seguridad social en 2022, lo que ayudará a reducir el déficit NFPS (Sistema Público no Financiero) al 2.4 por ciento del PIB ese año”, señala EIU en su reporte, al tiempo que advierte que pese a ese ajuste este será insuficiente para hacer sostenible las finanzas del instituto.
Sin una solución a la crisis política, EIU señala que cualquier reforma que se haga al instituto será de corta duración la sostenibilidad financiera, debido a que un contexto empresarial deteriorado no ayuda a que se active el mercado laboral.
“Es probable que la mejora en las finanzas del INSS sea de corta duración. Esta expectativa se deriva de nuestra opinión de que, en ausencia de una solución a la crisis política y mejoras significativas en el entorno empresarial, el INSS no podrá aumentar su base de contribuyentes a un ritmo sostenible” y es por eso que en ese contexto prevé que el déficit del sector público no financiero se ampliará a tres por ciento del PIB en el 2024.
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Si crisis no se resuelve, reforma será en vano
El problema es que, según proyecciones de EIU, el creciente autoritarismo permitirá al Frente Sandinista de Liberación Nacional permanecer en el poder más allá del 2021 y vaticina que la oposición fracasará en las elecciones presidenciales del próximo año.
El FSLN, no obstante, no retendría el poder por la voluntad popular, sino porque, según el análisis, si “la Coalición Nacional logra solidificarse y entra en la boleta electoral, es poco probable que compita en forma libre y justas elecciones, dejando al FSLN como la fuerza política dominante en Nicaragua”.
De concretarse las previsiones de EIU, este va a ser el tercer intento que se haría para tratar de estabilizar las finanzas del INSS, que está en crisis financiera desde el 2013, cuando por primera vez se volvió negativo y desde entonces no ha vuelto a generar superávit en sus finanzas .
El instituto ha estado envuelto en escándalos de corrupción, cuyo presidente ejecutivo, Roberto López, es señalado por Estados Unidos de utilizar los recursos de los contribuyentes para participar en actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero y tráfico de influencias.
Esta situación vendrá a agravar las finanzas del Gobierno central, que deberá hacer transferencias no solo al INSS sino también a otras empresas públicas, como la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel) y Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), que continuarán teniendo grandes déficits que el Gobierno tendrá absorber, señala EIU.
Ya el Fondo Monetario Internacional en su reporte sobre el Artículo IV, divulgado antes de la pandemia, había advertido que este año el Gobierno iba a necesitar transferir 95 millones de dólares al INSS, por encima de los cuarenta millones de dólares que tiene planeado en el Presupuesto General de la República.
En ese momento, el Fondo se mostró muy pesimista con relación a los pronósticos relacionados con el aumento de los ingresos y nuevos contribuyentes en el INSS, debido a la contracción económica que señalaba para este 2020 que eran menos negativas que después de la pandemia, que en Nicaragua empezó a hacer sus estragos en marzo.
Antes de la crisis sanitaria, el FMI estimaba una caída de la economía de Nicaragua de 1.2 por ciento, pero ahora se estima en seis por ciento, todo esto impacta al mercado del trabajo y por ende al INSS.
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También el Fondo consideraba que el Gobierno debía hacer más esfuerzos para reducir el déficit del INSS, pese a la reforma aplicada en febrero pasado, sobre todo porque coincide con EIU de que se deberán hacer transferencias a empresas estatales aún considerablemente altas, lo que exige más eficiencia en el caso de las finanzas del Seguro Social.
Perspectiva no era positiva antes de pandemia
En el informe del Artículo IV, del FMI, divulgado en febrero de este año, el equipo técnico proyectó que entre el 2020 y 2024 el Gobierno iba a ver deteriorada su posición fiscal, por, entre otras razones, mayores gastos para financiar déficits persistentes del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que se vería afectado por un crecimiento modesto en el empleo por tres años de recesión.
Esas perspectivas habrían empeorado aún más tras el estallido de la pandemia y mayores tasas de reducción de la economía local respecto a las previstas inicialmente.
El desempleo el año pasado alcanzó un 7.1 por ciento y según EIU este año llegará a 9.5 por ciento y el próximo año descenderá a 8.6 por ciento. Pero será hasta el 2024 que llegue a 7 por ciento.
El régimen de Daniel Ortega lleva siete meses de silencio sobre el estado de las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Se desconoce, hasta ahora, el impacto que tuvo la reforma impuesta en febrero del año pasado y tampoco se conoce cómo ha evolucionado la afiliación este año en medio del aumento del desempleo, que estaría afectando el rendimiento del ajuste del año pasado. Además el Gobierno ordenó ocultar el anuario 2019, que ayudaría a entender cuán sólido está el instituto, cuyos déficits se ensanchaban cada año.