Las normas de la vivienda de interés social cambiaron a partir de las reformas a tres leyes del sector aprobadas este 16 de junio por los diputados en la Asamblea Nacional. El subsidio directo por parte del Estado subió a los 3,500 dólares para la compra o mejoramiento de viviendas de interés social cuando sea adquirida por medio de un crédito bancario. Hasta ahora, la Ley establecía el subsidio en 2,000 dólares.
Otro cambio hecho a la Ley de la Vivienda de Interés Social (Ley 677) es que el salario mínimo de referencia que deberá devengar un trabajador o los ingresos familiares para acceder al subsidio en el crédito hipotecario, ya no será equivalente al salario mínimo de la construcción, sino que se amplió y ahora será “entre uno y diez salarios mínimos promedio” de cualquier actividad económica en el país.
Las modificaciones a la Ley de la Vivienda, a la Ley Orgánica del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur, 248) y a la 457, Ley de Funcionamiento, normativa y procedimiento del fondo social de vivienda, fueron reformadas con trámite de urgencia por 74 diputados orteguistas y sus aliados de la bancada PLI-ALN y Apre. Hubo 12 diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que se abstuvieron en la pizarra electrónica durante la votación y otros dos quedaron registrados como presentes.Éstos últimos se suman a los que respaldaron las reformas según las normas legislativas.
Invur con manos libres para modificar
La junta directiva controlada por cinco diputados orteguistas, de siete miembros, puso a discutir la iniciativa de reformas este martes, a pesar de que apenas la recibieron alrededor de las 9:00 de la mañana, desde el despacho del dictador Daniel Ortega.
El techo máximo del valor la casa nueva con derecho a recibir un subsidio a la tasa de interés de un crédito hipotecario, se mantiene en 40 mil dólares para “las viviendas unifamiliares” y en 50 mil dólares “para las multifamiliares”.
Sin embargo se dejó la discrecionalidad a la junta directiva del Invur “el aprobar el aumento del monto máximo del subsidio directo, conforme la disponibilidad presupuestaria”. Esto significa que aún cuando se establezca un monto presupuestario específico de forma anual para otorgar el beneficio, esto dependerá de que se logre la recaudación tributaria prevista e incluso pero podrían reducirse como ha sido en el actual contexto de crisis financiera.
Jenny Martínez, diputada orteguista presidenta de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional, refirió en el debate en lo general de las reformas que de esta forma se están armonizando las leyes de la Vivienda con la del Fondo Social en lo que respecta al monto máximo del valor de las casas con derecho al beneficio estatal.
Lea También: Diputados sesionan solo por 17 minutos debido a que Ortega no ha mandado iniciativas de ley
En lo referente al cambio de los salarios que devenguen una persona para aplicar al subsidio a la tasa de interés de un crédito para compra o mejoramiento de casas nuevas, Martínez explicó que “actualmente en la Ley estaban comprendidos entre uno y siete salarios mínimos del sector construcción, ahora no se limita, sino que amplía a salarios mínimos en general, se harán un promedio”, dijo.