Mientras decenas de transportistas continúan varados en la frontera sur de Nicaragua, particularmente en Peñas Blancas, y Costa Rica continúa insistiendo en que sus fronteras no están cerradas para el tránsito de mercancías, un comunicado de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SG-Sica) confirma que las operaciones aduaneras del lado de Nicaragua están cerradas, lo que ha impactado al transporte de carga regional.
El comunicado de la secretaría del Sica emitido este 25 de mayo confirmaría entonces lo dicho por el titular de Hacienda de Costa Rica, Rodrigo Chaves, al diario La Nación el 18 de mayo de que Ortega ordenó cesar las operaciones aduaneras en Peñas Blancas. “No dejarán pasar nada por ese puesto hacia Nicaragua o hacia Costa Rica”, dijo Chaves.
“La SG-SICA hace un pronunciamiento en el marco del incremento de las restricciones adoptadas a partir del lunes 18 de mayo de 2020, respecto al ingreso de transportistas extranjeros en Costa Rica que realizan operaciones de carga, descarga y transito internacional; así como al cierre de las operaciones aduaneras en la frontera Nicaragua – Costa Rica, lo que ha impactado a que tanto los vehículos de carga como los transportistas de la región se encuentren varados en los puestos fronterizos”, según se lee en un comunicado emitido este 25 de mayo por el organismo regional.
Ortega apareció ese mismo 18 de mayo en una comparecencia desde su casa en el Carmen y echó la culpa total a Costa Rica por el caos en las fronteras sur, pero no informó que él había ordenado, como medida recíproca, pero más drástica, cerrar las operaciones aduaneras- algo que confirma hoy el Sica-, agravando la crisis.
Costa Rica no ha cerrado aduanas
Los planes restrictivos de Costa Rica no contemplan el cierre de los servicios aduaneros en fronteras, sino permitir el tránsito de transportistas de carga con dirección a Panamá, custodiados por fuerzas de seguridad para evitar que estos permanezcan mucho tiempo en su territorio y representen un riesgo de contagio.
En el caso de los conductores centroamericanos, cuyo destino final sea Costa Rica, estos, tras cruzar el proceso aduanero, se deben someter a un protocolo, que implica, dejar en la frontera costarricense la carga, la cual iba a ser llevada a su destino final por un conductor costarricense.
Pero Ortega decidió por completo cerrar el servicio aduanero en las fronteras, en lugar de establecer un diálogo con el Gobierno de Alvarado para buscar una salida a la queja de ese país, que asegura que han detectado más de 50 casos positivos de Covid-19 en la frontera con Nicaragua.
De hecho este fin de semana el Gobierno de Ortega confirmó que había facilitado las gestiones para que tres transportistas panameños varados en la frontera sur fueran enviados vía aérea a ese país luego de que se detectara Covid-19 en ellos, uno de los cuales debió ser internado en un hospital de San Carlos, Río San Juan, antes de abandonar tierra nicaragüense.
Lo que sí informó Ortega durante su comparecencia el 18 de mayo es que es Costa Rica había pedido siete días para valorar la situación, pero no indicó es que ese tiempo se solicitó para trabajar el diseño de un Protocolo de Bioseguridad, que se prometió que estaría listo este 25 de mayo para su discusión y aprobación en la reunión intersectorial entre el Consejo de Ministros de Integración Económica (Comieco) y el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (Comisca).
Hasta ahora el Sica no ha informado si finalmente el protocolo de Bioseguridad se va a firmar este lunes y el contenido del mismo.
Diálogo por el lado de Panamá
Y mientras Ortega ha mantenido un discurso confrontativo con Costa Rica, al que intentó la semana pasada descalificar al señalar que este se considera un “país europeo”, Panamá y Costa Rica decidieron por su lado establecer un diálogo para destrabar las fronteras de su lado, mientras se avanza en el protocolo regional.
Se trata de un plan piloto, que permite el ingreso de transportistas a Costa Rica, a través de la frontera sur. Estos dejarán la carga en almacenes fiscales que serán previamente definidos por el sector privado y autorizados por el sector público, y posteriormente regresarán a territorio panameño.
Los transportistas deberán someterse a un protocolo sanitario muy estricto, con un límite de plazo de estancia en el territorio nacional suficiente para dejar la carga, descansar y levantar la carga, dijeron las autoridades costarricenses.
La ruta segura deberá incorporar el uso de escoltas o dispositivos de trazabilidad de la unidad de transporte, elemento que aún se encuentra en desarrollo.
Pese al acuerdo, ambos países han tenido dificultades para poner en marcha el plan piloto. Los transportistas de ese país en solidaridad con sus pares en Peñas Blancas han optado por mantener bloqueadas las fronteras panameñas-costarricenses.
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Honduras fue menos conflictiva
Por su parte, Honduras también optó por adoptar una medida recíproca, menos confrontativa que la de Ortega. Este fin de semana las autoridades hondureñas informaron que a partir de este 25 de mayo los transportistas de carga de origen costarricense tendrían un plazo de 72 horas para permanecer en su territorio, en lugar de 10 días.
El SG-Sica en su comunicado dijo este lunes que espera «que las reuniones intersectoriales que se han venido realizando las últimas semanas, entre las autoridades de comercio, aduanas, migración y salud, permitan encontrar soluciones conjuntas para enfrentar esta situación, tomando como base la necesidad de mantener las cadenas de suministros, en cumplimiento con las medidas sanitarias necesarias para luchar contra la propagación del Covid-19 en la región».
La Secretaría General indicó la necesidad de apostar por la facilitación de los trámites aduaneros y migratorios para los transportistas, para que concluyan el proceso de entrega de mercancías en los países y evitar el desabastecimiento, principalmente en la situación que vive la región a causa de la pandemia.
El organismo recordó que un reciente estudio de la entidad reveló que como consecuencia de la pandemia la economía centroamericana se contraerá 2.9 por ciento, cuya caída se prolongará hasta el 2021 con una merma de 0.1 por ciento.
