El magistrado Víctor Zúñiga, encargado del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Crimen Organizado de Perú, determinó este jueves que el nuevo pedido de 36 meses de prisión preventiva presentado contra la líder opositora Keiko Fujimori se decidirá a inicios de enero. El caso es por presunto lavado de activos vinculado a la empresa Odebrecht.
La audiencia fue suspendida debido a que la Fiscalía no entregó a la defensa nuevas pruebas relacionadas con el escándalo. “Se suspende la audiencia para el 28 de diciembre, se continuaría el 31 de diciembre y el 2 de enero de 2020”, anunció el magistrado, apenas media hora después de iniciada la sesión. La abogada defensora Giulliana Loza se quejó por la actuación de la fiscalía, lo que motivó la suspensión.
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Zúñiga había programado para este jueves la primera vista de la solicitud presentada por el fiscal José Domingo Pérez después de que Fujimori fuera liberada el 29 de noviembre, tras haber pasado trece meses en prisión preventiva, cumpliendo una resolución del Tribunal Constitucional (TC). El fiscal Pérez reconoció que se habían incorporado nuevos documentos a la investigación, los que deben ser analizados por la defensa de la líder opositora.
Voy a seguir la audiencia desde la casa de mi mamá en compañía de mi familia y será Giulliana Loza la que expondrá mis razones y defensa técnica. Si hay aún un poquito de justicia y de estado de derecho, este pedido repetido no pasará. (3/3)
— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) December 26, 2019
Fujimori se ausentó
Al abandonar el tribunal, Pérez declaró a la prensa que se advirtió “que los elementos de convicción, las pruebas, no fueron alcanzadas en su integridad a la defensa de Keiko Fujimori”, por lo que “para evitar cualquier tema de nulidad posterior, hemos convenido con la defensa, y el juez lo ha entendido así, para que se pueda señalar una nueva fecha”.
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Fujimori no asistió al tribunal, y explicó en Twitter que había adoptado esa decisión para no ser “parte del show que los fiscales quieren repetir”. Su presencia, en todo caso, no era obligatoria. “No voy a someter a mis hijas a la misma angustia de verme sentada ahí escuchando los argumentos repetitivos que la Fiscalía ha vuelto a presentar a pesar de que ya fueron desechados por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional”, sostuvo la excandidata presidencial.