Feministas de la Red de Mujeres Contra la Violencia anunciaron este lunes que “no marcharán” el próximo 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, “por seguridad”, ya que el contexto político del país, desde abril 2018, las pone más vulnerables a que sus derechos sean violentados por las autoridades.
“Este 25 de noviembre no vamos a salir a las calles no porque tengamos miedo. No vamos a salir por seguridad, para garantizar nuestro derecho a la vida, porque lo que hemos estado viviendo es un estado de terror y de violación a todos nuestros derechos humanos”, dijo Eveling Flores, representante de la Red, en conferencia de prensa.
“Nos han limitado nuestra libertad de movilización y expresión. Además ha aumentado la represión contra las defensoras”, añadió Flores.
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Las feministas señalaron que este en honor al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer denunciarán, en Nicaragua y ante la comunidad internacional, que “estamos viviendo una de las peores crisis de nuestra historia” y que en el país “no existe una linea institucional dirigida a prevenir, sancionar o resarcir los efectos de la violencia en las mujeres”.
“El Estado de Nicaragua tiene la obligación de proteger a las o los ciudadanos, pero actualmente han impuesto un estado de represión y violencia institucional”, denunció Flores.
Las mujeres activistas señalaron que esta no es la primera vez que se ven limitadas de movilizarse, pues consideran que la represión contra las feministas no inició en abril 2018, sino hace 5 años.
“En los últimos 5 años vivimos limitaciones para hacer estas movilizaciones que hacemos cada 25 de noviembre. Hemos sido agredidas al ejercer nuestro derecho de marchar libremente y demandar nuestros derechos humanos”, dijo la representante de la Red de Mujeres contra la Violencia.
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Es por ello que, como Red que agrupa a activistas, feministas y defensoras de derechos humanos demandaron la renuncia de todos los funcionarios estatales, que no cumplen con sus funciones aplicando las leyes y procedimientos e irrespetando la Constitución Política y el marco jurídico nacional.
Asimismo, exigieron la aplicación “real” de la Ley Integral contra la violencia, Ley 779, desde la recepción correcta y diligente de las denuncias, tratos justos y humanos de las víctimas, investigación científica y procesos legales apegados a derechos.
Estadísticas alarmantes
Flores, a nombre de las integrantes de la Red, consideró que la violencia contra las mujeres “es un problema de salud pública y de derechos humanos”, que se ha agravado con las últimas reformas a la Ley 779 y el cierre de comisarias de las mujeres. “El Estado nos condena a la miseria y a la muerte”, añadió.
En lo que va de 2019, según las cifras divulgadas por la Red de Mujeres Contra la Violencia, 60 mujeres sobrevivido a intentos de femicidios, pese a que un 80% de estas mujeres habían interpuesto denuncias ante autoridades policiales. Hasta octubre de este año, registran que 59 niños, niñas o adolescentes quedaron huérfanos porque sus madres fueron víctimas de femicidio.
Según las cifras de Católicas por el Derecho a Decidir, presentadas por la Red, la violencia y la impunidad ha dejado en los últimos 5 años un saldo de 317 mujeres -de diferentes edades- víctimas de feminicidios.
Para las mujeres es alarmante que la “violencia sexual sigue siendo una de las principales causas del embarazo a temprana edad”. De cada 100 partos, 25 son de adolescentes menores de 19 años, según los datos presentados por la Red.
Las mujeres culminaron la comparecencia, donde denunciaron las alarmantes situaciones que atraviesan las mujeres, solidarizándose con las madres de presos políticos que se encuentran en huelga de hambre en la Iglesia San Miguel Arcángel de Masaya.
“Demandamos la libertad de todos los presos políticos y respeto para los derechos de estas madres, mujeres que se encuentran en huelga de hambre”, dijo Flores.