La lista de presos políticos del régimen orteguista aumentó este fin de semana en Nicaragua de 138 a 158, ya que la Fiscalía orteguista acusó a 20 autoconvocados más, entre estos a 13 miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), por diferentes delitos en los juzgados de Managua.
Los delitos que les están imputando a los manifestantes son tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas y municiones, afirman abogados defensores.
Familiares han denunciado que la droga y las municiones son plantadas por la misma Policía que llega a allanar ilegalmente las casas de los opositores.
Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica, expresó que el régimen orteguista está inventando delitos y sembrando evidencias de narcotráfico. “Lo notamos desde el caso de Edward Lacayo, conocido como la Loba. Vienen sembrando evidencias en las personas apresadas en el contexto de las protestas”, aseguró Chamorro, después de una conferencia de prensa donde madres exigieron la libertad de todos los presos políticos y realizaron un piquete de protesta en un hotel capitalino.
Entre los nuevos procesados están Wilfredo Brenes Domínguez de Masaya, Amaya Coppens, Hanzel Quintero, Jesús Tefel, Ivania Álvarez, Roberto Büschting, Neyma Hernández, Wendy Juárez, José Medina, Atahualpa Quintero, Olama Hurtado, Melvin Peralta, Olga Valle y Derlis Hernández.
También están los autoconvocados de Masaya José Santos Sánchez y José Ángel González Escobar, ambos participaron en marchas, tranques y el hablatón para recoger víveres para excarcelados políticos que están sin trabajo y pasando necesidades. Estos fueron acusados de tráfico de droga este sábado 16 de noviembre.
Mientras el joven Jaime Romero Carrión y un adolescente de 17 años fueron acusados de almacenamiento de drogas y municiones, por un tiro de escopeta que la misma policía plantó en la mochila de Romero, el día del allanamiento denunciaron sus familiares. También están dos jóvenes de Ciudad Sandino, pero se desconocen sus identidades.
Hasta septiembre de 2019, la Unidad Nacional Azul y Blanco contabilizaba 138 presos políticos ubicados en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro en Tipitapa y en el Sistema penitenciario de Granada.
“Salgan a las calles”
Las madres de los nuevos presos políticos expresaron que el régimen está criminalizando la solidaridad, porque los 13 miembros de la UNAB acusados este domingo, lo único que hicieron fue llevar agua a madres en huelga de hambre y eso, afirmaron, no es delito.
Al respecto, Juan Sebastián Chamorro dijo que en las últimas horas se ha visto como el orteguismo ha violado hasta la libertad de culto al tener asediadas a las madres de presos políticos dentro de la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya.
Además, llamó al pueblo a que dejen las redes sociales, aunque son buena herramienta de denuncia, y salgan a las calles a protestar por sus derechos a como lo hacen la UNAB y la Alianza Cívica.