El preso político Marcos Antonio Campos Garay, de 26 años, lleva dos meses presentando sangrado anal, sin que alguna autoridad del Sistema Penitenciario Nacional de Tipitapa responda a la petición de sus familiares, de que sea urgentemente atendido por un médico.
“Él se encuentra bastante mal. Bien demacrado. Ha bajado de peso, él andaba por las 200 libras y ahora está bien delgado, tiene ojeras. La situación que él está pasando es grave, su salud está bien deteriorada”, denunció Alfredo Campos Joya, padre de Marcos.
Las condiciones de Marcos han empeorado en estas últimas semanas luego de sufrir tortura psicológica por el hecho de que Campos Joya denunció las condiciones de salud de su hijo a los medios independientes. El padre del reo político expuso desde un inicio el caso ante las autoridades del Sistema Penitenciario, sin embargo, hasta la fecha no ha sido valorado por un médico.
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“Como salí en los medios (denunciando), los guardias lo sacaron de la celda y le dijeron que yo estaba loco, que yo no era doctor para decir que él estaba enfermo, y que estaba así porque tenía relaciones con los demás presos y que ellos lo iban a probar también y de los nervios parece que se le alteró más (el sangrado). Eso le afectó más en su salud”, expresó Campos Joya.
De acuerdo al seguimiento que ha realizado la Unidad Médica Nicaragüense (UMN) del caso, señaló que Marcos Campos Garay requiere rápidamente un diagnóstico porque los síntomas que presenta el preso político hacen afirmar que además tiene un síndrome anémico. “Cuando una persona está bajo síndrome anémico permanece con gomita y exacerba el cuadro clínico, entonces esa persona entra en un nivel de salud un poco más delicado, porque un síndrome anémico fácilmente te puede generar una afectación cardíaca”, explicó el doctor Freddy Gabino.
Campos Joya también señaló que la madre de Marcos, Ana Francisca Garay, se encuentra en estado depresivo y delicada del corazón, y que producto del estado de su hijo, tuvieron que ponerle un marcopasos. “Yo también soy enfermo crónico, pero el Señor nos fortalece y tenemos que seguir adelante (…) a veces nosotros queremos ser fuerte, pero aunque queramos no podemos”, dijo emocionalmente afectado Campos Joya, de 64 años.
Condenado y nuevamente procesado
Marcos Campos Garay, originario de Tisma, municipio de Masaya, cumplirá el próximo 30 de noviembre un año de estar en prisión supuestamente por el delito de robo agravado (en Managua). Fue condenado a cinco años de cárcel, pero nuevamente está siendo procesado por las mismas causas, esta vez, llevado a cabo en Tipitapa. Campos Garay irá a juicio este 31 de octubre.
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El padre del reo político rechazó estas acusaciones y aseveró que su hijo es conocido por ser trabajador. Antes de ser detenido, en un barrio de Managua, Marcos era comerciante en el mercado Mayoreo. “El gobierno no le gusta que le digan la verdad porque si ellos (presos políticos) están ahí (en la cárcel) es porque anduvieron en las protestas porque realmente vieron la ingratitud del gobierno con los ancianos, y esa es la política del gobierno. Los que piensan diferentes los llevan ahí. Nosotros como padres, exigimos la libertad de los presos políticos”, expreso Campos Joya.
Y agregó: “estamos esperando respuesta del gobierno para que lo saquen de ahí y lo lleven al hospital”.
El pasado sábado 26 de octubre, la Policía Orteguista reprimió una protesta que pretendían realizar los familiares de presos políticos, frente al Sistema Penitenciario, para exigir su liberación y la pronta atención médica de al menos 15 de los más de 130 reos políticos que mantiene el régimen de Daniel Ortega.
Comisión Porras no dan respuesta
Diana Lacayo, de la Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP), dijo que han agotado todas las instancias competentes, incluyendo la orteguista Comisión de la Verdad, (mejor conocida como Comisión Porras) solicitando atención médica para Marcos Campos Garay, pero todas han sido ignoradas. “Dijeron que todo estaba normal ahí, porque supuestamente llamaron al Sistema Penitenciario y le dijeron que no había ningún preso político de gravedad”, manifestó Lacayo.
La AFPP hizo llegar una carta a Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se exponía el caso del reo político y se solicitaba medidas cautelares, señaló Lacayo.