Los asesinatos se han convertido en una de las expresiones más graves de las nuevas formas de violencia e inseguridad en el país, asegura la investigadora en temas de seguridad, Elvira Cuadra, quien analizó 59 casos relacionados al asesinato de 66 personas de octubre 2018 a agosto de 2019, expuesto mediante el estudio Un espiral de muerte en Nicaragua 2018-2019.
La investigadora busca reconstruir el perfil básico de las víctimas, de los victimarios y las características más relevantes de los hechos. Un total de 66 personas fueron asesinadas en los últimos diez meses, de los 59 casos estudiados, siete de estos, involucran de 2 a 4 víctimas en los incidentes.
Las cifras muestran que de las 66 víctimas, 59 eran hombres y siete mujeres. En su mayoría, tenían edades comprendidas de 20 a 59 años. No obstante, en el 2019, dos de las víctimas eran menores de edad. Otro de los hechos claves expuesto por Cuadra es que 39.3 por ciento de las víctimas tenía vinculaciones políticas y el resto aparentemente no.
“De las 26 víctimas que tenían algún tipo de vinculación política, 10 de ellas estaban relacionadas con partidos políticos (41.6 por ciento); una cantidad igual estaba relacionada con el movimiento cívico conformado desde abril de 2018 y 6 (25 por ciento) con otro tipo de organización social o con la Policía (Orteguista)”, expone el estudio.
Cabe mencionar que estos datos son preliminares, no incluye la totalidad de los casos considerando que algunos de ellos forman parte de un subregistro o cifra negra que todavía no se conoce. Asimismo, estos hallazgos formarán parte de un estudio más amplio sobre las nuevas formas de la violencia en Nicaragua a partir de la crisis sociopolítica iniciada en el 2018.
La escalada de la violencia con los asesinatos se observa no solo en la cantidad de casos y víctimas, sino en un conjunto de patrones indica Cuadra en el estudio: mayor organización y planificación, más recursos como el uso de vehículos y el tipo de armas de fuego utilizadas.
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Perfil de los victimarios
De los 55 casos ocurridos en el 2019, Cuadra expone que en 20 casos, los responsables del hecho tienen alguna relación política. De estos 20, en 15 de ellos se identificaron a personas vinculadas con grupos paramilitares. En otros cuatro, se identificó a la Policía y en uno, la participación fue de un grupo mixto integrado por policías y paramilitares. Los otros 35 casos no guardan ninguna relación política.
La mayoría de asesinatos fueron cometidos por hombres y en uno de los casos hubo involucramiento de una mujer. El mes de julio fue el más violento, tomando en consideración, que en ese período se registró el mayor número de asesinatos, un total de 22, seguido, por mayo, con 8 casos. En su mayoría, estos ocurrieron en sector rural, y una menor cantidad, en el espacio urbano.
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Armas utilizadas
Especialistas como Cuadra han advertido sobre las posibles consecuencias relacionados al tema de seguridad, una vez, que el mismo régimen orteguista permitió el uso de armamento pesado por parte de civiles para arrasar con la protesta cívica. En el estudio, Cuadra señala que en 44 casos se utilizaron armas de fuego y en 14, se identificó el uso de armas de guerra.
Una de las revelaciones más preocupantes, según la especialista, es el nivel de violencia empleada en los asesinatos. “En más del 70 por ciento de los casos, las víctimas recibieron más de un disparo y en el 15 por ciento recibieron más de una herida”. En 40 casos de 2019 las víctimas recibieron múltiples disparos.
“Es importante hacer notar el incremento de la presencia de armas de guerra, un factor que no se observaba con la misma magnitud en años anteriores y muestra que las armas entregadas a civiles para participar en las acciones de represión se encuentran todavía en sus manos y sin control de alguna autoridad estatal”, expuso.