Mientras las casas y oficinas de opositores al régimen de Daniel Ortega permanecen constantemente vigiladas y asediadas por patrullas policiales, la casa del diputado suplente Francisco Sarria García, vinculado supuestamente con el narcotráfico, permanece sin vigilancia policial y se traslada por la ciudad sin ningún impedimento, confirmó LA PRENSA en el lugar.
“Estamos reconcentrados en la casa, ayunando y orando. Es todo lo que podemos decir”, dijo a LA PRENSA, Thelma Palacios, esposa de Sarria.
La casa queda ubicada en uno de los callejones del barrio Santa Ana, en la capital, donde no se observó ni una sola patrulla policial ni motorizados que estuvieran resguardando la vivienda, contrario a lo manejado por el poder legislativo, cuyas fuentes dicen que lo tienen “vigilado y controlado”.
“Ese hombre va y viene como que nada pasa con él. Hoy (este sábado) salió muy temprano en su camioneta negra, Hilux, doble cabina. Ayer, igual, va y viene a todas horas de la noche. Siempre anda con personas extrañas en ese vehículo”, dijo una persona cercana a la familia.
Sarria es suplente del diputado orteguista Guillermo Osorno, quien es propietario ante el Parlamento Centroamericano, y este próximo lunes 7 de octubre será sometido a un proceso de desafuero en la Asamblea Nacional a solicitud de orden judicial, para quitarle la inmunidad y pueda responder ante los tribunales de justicia por acusación del Ministerio Público.
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Fuentes legislativas afirmaron que la solicitud de desafuero contra el diputado suplente Francisco Sarria García, del Parlamento Centroamericano (Parlacen), se debe a una supuesta vinculación con una organización narco dedicada al crimen organizado, aunque la Policía y Fiscalía aún no revelan datos.
Según la fuente, el caso con que vinculan presuntamente al también abogado y notario Sarria, es con el asesinato agravado de Máximo Ríos Orozco, cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado sobre la Carretera Vieja a León. Este hombre ya había purgado pena de diez años de cárcel por transporte internacional de droga y desde diciembre de 2018 estaba bajo libertad condicional, firmando por un año y seis meses ante los juzgados.
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La Fiscalía solo acusó por asesinato agravado a cinco sujetos, los guatemaltecos Silas René Galindo Recinos, Lucas Medrano Ramírez; los nicaragüenses Marcos Manuel Amaya Narváez y Carlos Enrique Cortez Guevara, y al colombiano Everth de Ríos Ospina.
En la acusación ventilada en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua, se desprende que el ahora occiso fue torturado mientras le preguntaban “¿dónde está? Decinos te vamos a perdonar”.
Raros movimientos en los juzgados
El viernes a eso de las 4:00 de la tarde, se presentaron a la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (Ordice) de los juzgados, el fiscal departamental de Managua, Alejandro López; la fiscal supervisora Liliam Sosa y el Juez Henry Morales, titular del Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua, todos orteguistas, y se llevaron un expediente, según fuentes judiciales.
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Esta no es la primera actuación sigilosa de los funcionarios públicos, en cuanto al expediente radicado en este juzgado por el asesinato del exreo Máximo Ríos Orozco, ya que el Ministerio Público interpuso la acusación el 2 de octubre en horas tempranas, luego ocurrió algo inusual, pues un representante de esa misma institución presentó ese mismo día a las 6:33 de la tarde, ya casi al cierre de Ordice, una ampliación de dicha acusación, que contiene siete folios y dos copias, lo que indica que hay dos nuevos acusados en el caso y podría tratarse de Sarria, pero oficialmente no lo han confirmado.