Estados Unidos ratificó la aplicación de la Nic Act contra funcionarios nicaragüenses acusados de corrupción y violación de derechos humanos y activó las investigaciones contra más funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sospechosos de estar involucrados en la represión y lavado de dinero, de acuerdo a un informe enviado al Congreso de Estados Unidos.
El documento desclasificado se denomina “Informe al Congreso sobre Violaciones de Derechos Humanos y Corrupción en Nicaragua” y explica que conforme a la sección 7 de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (Nica Act) “se requiere la presentación de un informe sobre la participación de altos funcionarios del gobierno de Nicaragua, incluidos miembros del Consejo Supremo Electoral, Asamblea Nacional y Sistema Judicial en violaciones de derechos humanos, actos de corrupción significativa y lavado de dinero”.
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El documento amplía que la citada Nica Act igual requiere informe sobre “personas que transfieren, o facilitan la transferencia de bienes o tecnologías para su uso en, o, con respecto a Nicaragua que son utilizados por el gobierno nicaragüense para cometer graves violaciones de derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua”.
“El informe será presentado por el Secretario de Estado, actuando a través del Secretario de Estado asistente de Inteligencia e Investigación, y en coordinación con el Secretario de Hacienda y el Director de Inteligencia Nacional, al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara y al Comité de Relaciones Exteriores del Senado. La información aquí contenida es válida hasta el 17 de junio de 2019″, precisa el documento.
El informe explica que de conformidad con la definición legal de la sección 7031 de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, relacionada con la corrupción significativa e información creíble disponible sobre violaciones de derechos humanos y lavado de dinero que involucran a individuos específicos, los siguientes altos funcionarios nicaragüenses han estado involucrados en violaciones de derechos humanos, actos de corrupción significativa o lavado de dinero, o son personas que transfieren para facilitar la transferencia de bienes o tecnologías para su uso en o con respecto a Nicaragua que han sido utilizados por el gobierno de Nicaragua para cometer graves violaciones de derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua”.
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Y conforme a ello, ratifica las sanciones mediante la Nica Act a funcionarios que anteriormente habían sido sancionados mediante la orden ejecutiva 13881 de Donald Trump.
“Todas las personas o entidades enumeradas a continuación han sido designadas bajo la Orden Ejecutiva 13818 (Bloqueo de la propiedad de las personas involucradas en graves abusos o corrupción de los derechos humanos) o Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”:
Rosario Murillo: “ha estado involucrada en violaciones de derechos humanos en Nicaragua, incluida la violencia cometida por la Policía Nacional de Nicaragua contra manifestantes pacíficos”.
Bancorp: “un banco utilizado por el régimen de Ortega para lavar dinero de ALBANISA, fue designado por haber brindado asistencia, patrocinio o asistencia financiera, material o tecnológica, o bienes o servicios en apoyo de Murillo”.
Néstor Moncada Lau: “El Asesor de Seguridad Nacional ha asumido un papel destacado como asistente del presidente Ortega y enlace de la vicepresidenta Murillo y operador de la Secretaría del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que controla múltiples entidades gubernamentales nicaragüenses. Moncada supuestamente lava dinero en nombre de Ortega y Murillo y a través de sus diversos roles de inteligencia, se ha involucrado en una variedad de actividades ilícitas para reprimir cualquier oposición al gobierno de Ortega”.
Laureano Ortega Murillo: “Según los informes, el asesor de promoción de inversiones de la agencia gubernamental ProNicaragua participó en negocios fraudulentos con inversores extranjeros en Nicaragua. Además, Laureano coordinó la tarea ejecutiva para el proyecto del Gran Canal de Nicaragua y estuvo involucrado en su creación. A pesar de la pérdida de impulso del proyecto, figuras del régimen de Ortega, incluido Laureano, utilizaron la Compañía del Gran Canal de Nicaragua como medio para lavar dinero”.
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Francisco Díaz Madriz: “el comisionado de la Policía Nacional ha estado involucrado en violaciones de los derechos humanos que involucran a la Policía, incluidas ejecuciones extrajudiciales y violencia contra manifestantes pacíficos”.
Al finalizar el informe, el Departamento de Estado señala que “monitorea cuidadosamente los derechos humanos y la corrupción en Nicaragua, y de acuerdo con las leyes y regulaciones de los Estados Unidos, el Departamento continuará revisando y complementando la información contenida en este informe según corresponda”.
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