Las fechas de liberación de los presos políticos se fijarán hasta que el Comité Internacional de la Cruz Roja complete su protocolo de participación.
Esto podría implicar que las negociaciones entre el régimen de Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia tengan que extenderse, ya que el plazo establecido para terminar el proceso de diálogo era hasta hoy 28 de marzo.
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José Pallais Arana, miembro de la Alianza Cívica y participante de las negociaciones, aseguró que continuarán trabajando los días que sean necesarios para lograr un acuerdo.
Además, Pallais dijo ayer que tuvieron que suspender la discusión sobre derechos y garantías de los nicaragüenses —en alusión al derecho de protestar—, por la reunión que sostuvieron las partes con el Comité Internacional de la Cruz Roja.
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La Cruz Roja participará en el protocolo y los procedimientos de liberación de los presos políticos, arrestados en el contexto de la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles, desde el 18 de abril de 2018.
Según explicó Pallais, el Comité de la Cruz Roja sigue ajustando el acuerdo de su participación a los Convenios de Ginebra, referidos a los conflictos armados.
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“Una vez contando con la aprobación de Ginebra, que quisimos hoy (ayer) hacer todo lo posible para que no hubiera obstáculo, ya la Cruz Roja se comunicará de nuevo con nosotros, a través de sus personeros en Managua, y ya podrán hacerse los anuncios de fechas de inicio (de la liberación). Ellos (la Cruz Roja) ofrecieron que esa respuesta va a estar a la brevedad posible. Hablaron de 24 (horas), máximo 48 horas”, reveló Pallais.
Cantidad de presos
La Alianza Cívica reportó que existen 647 personas presas por participar en las protestas y 162 tienen casa por cárcel.
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Por su parte, el régimen de Ortega ha reconocido solamente 347 detenidos.
Max Jerez, también participante de las negociaciones de parte de la Alianza Cívica, explicó que las listas que existen de presos políticos serán comparadas por la Cruz Roja una vez que oficialice su participación en el proceso de liberación.
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El régimen orteguista y la Alianza Cívica acordaron liberar a los presos políticos en un plazo de noventa días, con la colaboración de la Cruz Roja Internacional.
Comunicado nueve
Al finalizar la sesión de negociaciones de este miércoles, las partes emitieron el comunicado de prensa número nueve, donde plantean que se ha “avanzado”, pero no ofrecen detalles de esos avances.
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“Se avanzó en el contenido del acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas establecidas en la Constitución Política, que contemplan las libertades individuales y sociales, y el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses”, manifiesta el documento.
También el comunicado apunta que “se aprobó por las partes el acuerdo para el seguimiento del proceso de liberación de personas privadas de libertad en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018, de conformidad con el ordenamiento jurídico del país”.
Adelanto de elecciones
El proceso de negociaciones se ha visto frenado por la demanda de la Alianza Cívica de adelantar la fecha de las elecciones presidenciales, antes de noviembre de 2021, para medir el respaldo de Daniel Ortega en las urnas.
Los funcionarios del régimen orteguistas, que participan en la mesa de negociaciones, aseguraron ayer que ese tema no está en discusión. Por su parte, Pallais dijo que el adelanto de los comicios es un tema irrenunciable para la Alianza Cívica.
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“Ese tema está en nuestra agenda y ya hemos dicho reiteradamente que es un asunto irrenunciable. No puede haber garantías de estabilidad, de confianza, de que vuelva la inversión, si no se llega a un acuerdo en esa materia”, confió Pallais.
El país vive en crisis desde el 18 de abril pasado, cuando comenzó la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles que demandan la salida de Daniel Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, del poder.
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La represión ha dejado entre 325 y 535 muertos desde el 19 de abril de 2018, sin embargo, Ortega solo reconoce 199 muertos, a quienes identifica como 22 policías y simpatizantes de su gobierno. Además, el orteguismo atribuye la crisis a un “fallido golpe de Estado”.
Dictadura y censura
El martes trascendió que en el marco del Diálogo Nacional se estaba trabajando un acuerdo para garantizar la libertad de prensa, que implicara el regreso de los medios de comunicación confiscados por el régimen orteguista y soltar el papel retenido a los medios de comunicación escrito.
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Sin embargo, José Pallais dijo que no puede hablar sobre esos temas hasta que el acuerdo sea firmado por las partes.
“Lo único que les puedo decir es que ese acuerdo tiene la intención de resolver todos los problemas puntuales que han afectado la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación social, de actuar sin censura y sin restricciones, y sin castigo a ese derecho de expresarse”, aseveró Pallais.