El investigador de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) Yilen Osorio ingresó este domingo a ese país tras permanecer retenido desde la noche de este sábado en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora en la capital, después de que las autoridades de ese país le prohibieran la entrada, informó el portavoz de la CICIG, Matías Ponce. El ingreso de Osorio se dio tras vencer el plazo dado a las autoridades por la Corte de Constitucionalidad.
La decisión de las autoridades de prohibir el ingreso del investigador recrudeció la crisis entre el gobierno del presidente Jimmy Morales y la Cicig. El gobierno de Morales está bajo la lupa de esa misión de Naciones Unidas y la Fiscalía por sospechas de corrupción en las finanzas de su campaña en 2015.
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Osorio se encontraba retenido contra su voluntad en las instalaciones del aeropuerto por más de 24 horas, donde le acompañan delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos y fiscales del Ministerio Público (MP). En la terminal aérea se vivió un clima de tensión por la presencia de un contingente de la Policía Nacional Civil (PNC).
El colombiano ingresó minutos después de que venciera el plazo de una hora dado por el máximo organismo de justicia para que ingresara a Guatemala. Este plazo venció a las 06:22 p.m. (hora local). El investigador ingresó a territorio guatemalteco acompañado de delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos y fiscales del Ministerio Público, y fue trasladado a la sede de la CICIG, en el sur de la capital.
A las afueras de la terminal aérea llegaron decenas de personas para expresar su apoyo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad.
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El colombiano es uno de los 11 investigadores de la Cicig a quienes el gobierno no les renovó la visa el año pasado y en diciembre último les ordenó abandonar el país, pero una resolución judicial dejó temporalmente sin efecto esa medida. Los once funcionarios salieron del país por motivo de vacaciones.
Capturar a los responsables de impedir el ingreso
A raíz de la prohibición para que el investigador ingresara a territorio guatemalteco, la fiscal general, María Consuelo Porras, ordenó a sus fiscales que capturaran, en flagrancia, a los responsables de impedir el ingreso de Osorio.
En la resolución, Porras pidió a sus fiscales que con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) proceder a la detención en flagrancia de todas aquellas personas que persistan en el incumplimiento de las resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad (CC) y otros tribunales.
Los delegados de Migración en el Aeropuerto Internacional La Aurora, Irma Cruz Suntecún Tesucún y Miguel Antonio Cantoral Dávila fueron detenidos en cumplimiento de la resolución
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La fiscal general también instruyó a sus fiscales que soliciten las órdenes de captura en contra de quienes resulten responsables de la negativa de obedecer las resoluciones.Además, que se inicien los procesos de antejuicio (desafuero) en contra de los funcionarios que hubieran desobedecido las resoluciones con el fin de garantizar el Estado de Derecho.
Porras exhortó al Ministerio de Gobernación (Interior) y a la Policía Nacional Civil, acatar las órdenes de los fiscales. Hasta ahora ninguna autoridad del gobierno del presidente Jimmy Morales se ha pronunciado por este caso.
Muestran preocupación
El Consejo Superior Universitario expresó este domingo su preocupación por el recrudecimiento de la crisis política e institucional, y por la tensión entre entidades del Estado por las resoluciones emitidas en favor de la CICIG.”Es urgente que la Secretaria General de la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala actúen con responsabilidad y que efectivamente resuelvan la controversia existente en torno a la CICIG”, dijo el Consejo de la estatal Universidad de San Carlos.
Advirtió, además, que el despliegue desproporcionado de fuerzas policiales en las instalaciones del aeropuerto “no contribuyen” a solucionar la situación, sino por el contrario, se manda un mensaje negativo a la comunidad internacional.
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La Cicig presentó este domingo ante el Constitucional una solicitud para que se ejecute las resoluciones judiciales emitidas el 21 y 27 de diciembre pasado, las cuales permiten el ingreso de los 11 investigadores de ese organismo a Guatemala. El organismo de las Naciones Unidas también pidió que se encauce penalmente a los funcionarios responsables de impedir el ingreso de sus funcionarios.
“En virtud de que se advierte desobediencia por parte de las autoridades impugnadas dentro del presente amparo, se ordene el encausamiento por desobediencia, certificando lo conducente para el inicio del proceso penal que corresponda”, expresa el documento.
El fiscal contra la Corrupción, Stuardo Campo, explicó a los periodistas que está analizando si proceden o no las capturas, y también la solicitud de desafuero de algunos ministros.