Las acciones se han acelerado en la Organización de Estados Americanos (OEA) contra la dictadura de Daniel Ortega, con la solicitud del secretario general del organismo, Luis Almagro, de convocatoria “inmediata” al Consejo Permanente para evaluar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que apunta a la suspensión de Nicaragua de la OEA.
La solicitud de Almagro fue hecha el viernes en la noche. Esto un día después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expusiera al Consejo Permanente el informe contundente del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la represión en las jornadas de protestas ciudadanas en donde se señala al régimen orteguista de haber cometido delitos de lesa humanidad.
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La prioridad que adquirió en la OEA la grave violación de los derechos humanos y el deterioro de la democracia en Nicaragua se evidencia en que al día siguiente de que Almagro mandó la carta pidiendo la reunión urgente a los embajadores titulares del Consejo, la presidenta en funciones, la representante de Costa Rica —Monserrat Solano—, notificó a todos los Estados miembros.
Solano expresó este sábado que a pesar de los días feriados de la temporada, “se mantiene en consultas y gestiones para iniciar los pasos” con el resto de delegaciones para la activación del proceso contra la dictadura de Ortega, según el comunicado emitido por la Cancillería de Costa Rica.
Activar los mecanismos de la Carta Democrática al régimen de Ortega y Rosario Murillo sería respaldado por Estados Unidos, Chile, Argentina, Colombia y Perú, que el jueves reciente al conocer el informe del GIEI coincidieron en que la OEA no podía quedarse pasiva ante los crímenes contra los nicaragüenses.
La expresidenta costarricense Laura Chinchilla y el exembajador de Nicaragua ante la OEA, José Luis Velásquez, —por separado— explicaron a LA PRENSA que la reunión del máximo órgano de la OEA puede darse en cualquier momento.
Chinchilla explicó que en esa sesión los embajadores ante la OEA evaluarán lo que les exponga el secretario Almagro, y será hasta entonces que el Consejo decida si aplica la Carta Democrática basado en que en Nicaragua la dictadura de Ortega alteró el orden democrático.
Dos escenarios posibles
La exmandataria costarricense explicó que caben dos escenarios: el primero es que el Consejo Permanente insista en acciones diplomáticas para presionar a que el régimen orteguista acepte la ayuda para restablecer el orden democrático, cesando la represión y retomar el Diálogo Nacional para encontrar una salida a la crisis. El adelanto de las elecciones ha sido planteado en reiteradas ocasiones por la Secretaría General.
“Significaría establecer mecanismo de valoración de naturaleza colectiva, que implica que el Consejo Permanente se reúna con periodicidad para ir valorando y escalando las medidas en el país donde se considera hay una ruptura del orden democrático”, dijo Chinchilla.
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Un segundo escenario, refirió la expresidenta Chinchilla, es que los embajadores consideren agotadas las gestiones diplomáticas con la dictadura de Ortega y convoquen a una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA, donde tocará a los cancilleres decidir la suspensión del país del organismo hemisférico.
“El informe que presentó el 27 de diciembre el GIEI es tan contundente que veo muy difícil que muchos países no voten favorablemente (por) iniciar el proceso de aplicación de la Carta Democrática (a Ortega), les será muy difícil justificar por qué no apoyarían esa sanción”, afirmó la expresidenta costarricense.
Cesarían fondos financieros
La consecuencia “que más duele” para un país es “la suspensión de la ayuda por parte de los organismos financieros multilaterales”, dijo Chinchilla.
“En el caso de Nicaragua, serían préstamos pendientes y algunos en ejecución de parte del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo”, afirmó.
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Diplomáticamente, confió Chinchilla, se convierte en un gobierno paria porque su aislamiento sería mayor.
El secretario general de la OEA sustenta la convocatoria inmediata del Consejo Permanente, con base en el artículo 20 de la Carta Democrática, “con la propuesta de seguir el camino previsto en el mismo de realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime convenientes” sobre Nicaragua.
En la misiva, Almagro reiteró que el régimen orteguista no ha tenido voluntad para dialogar y solucionar la crisis que deja entre 325 y 535 asesinatos, miles de heridos, exiliados y más de seiscientos presos políticos desde que estallaron las protestas ciudadanas en abril.
“Los reiterados asesinatos de opositores, la tortura a detenidos políticos, la falta de una justicia libre e independiente, las continuas violaciones a la libertad de expresión y asociación y la falta de voluntad de diálogo por parte del gobierno (de Ortega) están debidamente registrados en los informes de los que dispone el Consejo Permanente”, expuso Almagro en la convocatoria.
Ortega ha retado a la OEA, al negar el ingreso al país del Grupo de Trabajo conformado por el organismo para coadyuvar en la solución a la crisis, porque para el dictador es “injerencismo”. Acusa a la OEA de responder a intereses de Estados Unidos para sacarlo del poder.
¿Hay los 24 votos?
Para aprobar la suspensión de Nicaragua de la OEA son necesarios 24 votos de los 34 países miembros. El exembajador José Luis Velásquez cree que hay los votos requeridos pues “el informe demoledor del GIEI” habría hecho cambiar la postura de Estados, especialmente del Caribe, que en anteriores ocasiones se han abstenido de condenar al régimen de Daniel Ortega.
“Sobre esto es muy importante destacar el artículo de sir Ronald Sandler, embajador de Antigua y Barbuda ante la OEA, (publicado ayer) y persona de mucho prestigio en la comunidad caribeña, donde expresa que basta ya de tanta barbarie, que el gobierno de Ortega ha sobrepasado todos los límites. Este cambio de posición de las islas del Caribe podría haber completado y comprometido los votos necesarios para una rápida aplicación de la Carta Democrática”, dijo Velásquez.
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En un artículo de opinión en el medio digital The Caribbean 360, el embajador Sandler expresó que “el gobierno de Nicaragua ha ido demasiado lejos” y denunció todos los abusos cometidos contra el pueblo y la institucionalidad. “Hoy en día muchos de sus ciudadanos se esconden de la ira del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo”, refirió Sandler.
Ante esos hechos el embajador de Antigua y Barbuda dijo que los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) “pueden continuar respondiendo de diferentes maneras a los eventos en Nicaragua, pero la aceptación no puede ser una de ellas, entendiéndose como un llamado a que apoyen las sanciones al régimen.