Como una muestra más de los ataques del régimen Ortega-Murillo contra el sector privado fue calificada la “militarización” de los centros comerciales, que inició el sábado pero fue oficializada este lunes por la Policía Orteguista (PO) a través de un comunicado en el que la justifica como parte del plan especial que se desarrollará entre noviembre y diciembre.
Mientras la PO asegura que la presencia de sus agentes en locales comerciales, turísticos y otros es para garantizar, entre otras cosas, el derecho al trabajo de los nicaragüenses, los empresarios advierten que mandará al traste las metas de recuperación de las actividades comerciales.
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Lo mismo ocurrirá con las turísticas previstas para la temporada navideña.
“Esto lo que está provocando es preocupación en los propios negocios, por la presencia de la Policía y la afectación que puede tener en cuanto a la intimidación que produzca en la gente ver que está la Policía dentro de los centros comerciales”, aseveró el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.
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Dicha intimidación es provocada porque en los 210 días de la crisis sociopolítica, según organismos locales de derechos humanos, la represión gubernamental es encabezada por la PO y paramilitares afines al régimen, lo que ha ocasionado la muerte de más de quinientas personas, miles de heridos, encarcelamiento, secuestro y desaparición de decenas junto a unos mil millones de dólares en afectaciones económicas.
Para el presidente del Cosep la preocupación de los dueños de negocios radica en que, en noviembre y diciembre, pretendían “alcanzar algún nivel de recuperación en las ventas” para compensar parte de las afectaciones que han registrado durante estos meses de crisis. El sector comercial, junto al turístico, son los dos más afectados por la caída en las ventas, lo que ha incidido en el cierre de muchos negocios.
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De acuerdo con el segundo reporte de monitoreo de las actividades económicas, realizado por el Cosep y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), de las 417 mil personas que entre abril y septiembre fueron despedidas o suspendidas de sus empleos, 172 mil laboraban en el sector comercial y 65 mil en hoteles y restaurantes.
“Al final no le corresponde a la Policía tomar unilateralmente la decisión de que ahora va a tener agentes dentro de los centros comerciales. En nuestra experiencia, nunca hemos visto en ningún país centros comerciales con policías de esa manera”, aseguró Aguerri.
Para el dirigente empresarial, la “militarización” de los centros de compras es una respuesta a las situaciones (de protesta) que se presentaron en dichos centros de compras y su solución no pasa por mantener a la Policía desplegada por todo el país.
En días pasados, dirigentes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) realizaron protestas en las áreas de comida de algunos centros de compras exigiendo la liberación de los presos políticos y justicia para las víctimas de la represión.
Esto, según el Cosep, habría provocada la decisión de desplegar a los agentes en los centros de compras. “Pero la respuesta a esto pasa por una solución política que atienda la raíz del problema y no las consecuencias del problema”, insistió Aguerri.
El dirigente urgió a que cese la represión en contra de la ciudadanía y el sector privado para buscar soluciones.
Clientes sienten miedo
A raíz del despliegue de la Policía Orteguista algunos centros comerciales como Galerías Santo Domingo, en Managua, emitieron comunicados para expresar que la administración del centro “no ha solicitado la presencia de la fuerza pública la cual ha causado preocupación y temor a nuestros inquilinos, visitantes y colaboradores”. El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, dijo en respaldo a los centros de compras que no se puede apostar a que “esto se convierta en un país militarizado”.
Los ataques a privados
Pese a que el régimen promueve una supuesta política de reconciliación nacional, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, explicó que las últimas acciones contra el sector empresarial demuestran lo contrario.
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“Los hechos nos indican que no nos estamos acercando a una verdadera reconciliación. Los ataques hacia el sector privado no se han detenido, al contrario, están subiendo el nivel de represión a otra escala como es el caso de la familia Coen en Chinandega”, dijo Aguerri.
Dicha familia ha sido víctima de la toma de varias propiedades, por parte de personas encapuchadas y armadas en contra. Pese a las denuncias, la Policía Orteguista no hace nada.