La decisión del gobierno de Daniel Ortega de expulsar del país a la Misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) fue calificada de irresponsable, extrema, aislante, errónea, pero sobre todo digna de un análisis psiquiátrico al mandatario nicaragüense.
El excanciller de Nicaragua Francisco Aguirre Sacasa dijo que Ortega “se autoexcluyó de la comunidad internacional”, lo que a su criterio tendrá un “efecto duradero” en los debates que pronto pudieran darse en la ONU.
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Ortega expulsó a la misión luego de la publicación de un informe que develó graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Esta reacción de Ortega, que Aguirre calificó de “precipitada, apasionada y disparada”, dice que podría acelerar las sanciones económicas de la comunidad internacional contra Nicaragua.
Todo comenzó con el informe de la Misión Oacnudh, presentado el miércoles por el coordinador Guillermo Fernández, en el que se confirma las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, haciendo responsable al Gobierno de la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles, que ha provocado entre 322 y 448 muertes, según organismos de derechos humanos.
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Este informe será presentado el 5 de septiembre ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
La reacción de Ortega fue descalificar a la ONU como “instrumento de la política de la muerte” y este viernes expulsó a la Misión de la Oacnudh del país.
“Con esta acción, el Gobierno de Nicaragua va a llegar al Consejo de Seguridad de la ONU con los pies hinchados, porque difícilmente van a poder los otros países miembros del Consejo de Seguridad ignorar a un gobierno que expulsa a una misión de la ONU por haber cometido el delito de decir la verdad de lo que estaba pasando en Nicaragua”, manifestó Aguirre.
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El exdiplomático Mauricio Díaz manifestó que lo hecho por Ortega es la medida más extrema que un país puede tomar contra el máximo órgano político del mundo.
“Esto es como que el gobierno de Ortega estuviera diciendo: no me importa el sistema jurídico internacional, no me importa irrespetar convenios ni compromisos internacionales, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Convención Americana de los Derechos Humanos”, opinó Díaz.
El exdiplomático agregó que lo hecho por Ortega no se puede analizar a la luz del derecho internacional, ni de la ciencias jurídica, “sino que es un tema psiquiátrico, para analizar lo que se le pasó por la mente a Ortega al momento de expulsar al único organismo mundial de paz internacional.
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La presencia de los organismos de derechos humanos, tanto de la ONU como de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en el país, fue fruto del proceso del diálogo nacional para buscar una salida pacífica a la crisis del país, en la cual la Iglesia católica es mediadora y testigo.
El obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez, quien participó en ese diálogo, ayer fue uno de los primeros en expresar su rechazo a la expulsión de la ONU. “La decisión del Gobierno de Nicaragua de expulsar a la misión de la ONU es un acto irresponsable frente a la comunidad internacional y demuestra la falta de voluntad política de este gobierno para respetar los derechos humanos, dialogar y buscar caminos para la democratización del país”, dijo Báez vía telefónica.
El embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, expresó también en su cuenta de Twitter que “el gobierno de Nicaragua sigue aislándose de la comunidad internacional”.
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A su vez, el senador estadounidense Marco Rubio publicó un tuit manifestando que “Ortega y su régimen buscan ocultarle a los organismos internacionales la verdad de los crímenes cometidos” en el país.
Para el exvicecanciller José Pallais Arana, la expulsión de la Misión de la Oacnudh “augura más violencia en el marco de la represión estatal”, pero también considera que “marca a un Ortega rebelde contra de la comunidad internacional”.
Más de cuarenta organizaciones de Centroamérica y América Latina condenaron en un pronunciamiento la expulsión de la ONU, entre estas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality), entre otras.