Los cuatro promotores de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), están detenidos en la Galería 300, de Máxima Seguridad, donde “están siendo torturados, desde el punto de vista psicológico y en algunos momentos también reciben golpes por parte de los penitenciarios que están dándoles custodias”. Esto ocurre, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), les otorgó medidas cautelares, denunció Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH.
Carmona confirmó que recibieron comunicación de sus promotores a través de la cual les confirman que los tienen en la Galería de Máxima Seguridad, donde no hay ventilación ni luz y “empernados”.
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“Los están tratando como si fueran criminales de alta peligrosidad”, dijo Carmona, quien confió que solicitó al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que verificara esta situación. En su comunicado de prensa emitido este jueves por ese mecanismo de la CIDH, señala que en cumplimiento de su mandato formalizó al Estado su interés de realizar una visita a la cárcel la Modelo, así como a la galería 300, de Máxima Seguridad, para hacer un recorrido en sus instalaciones y a entrevistarse con las personas privadas de la libertad.
Y aunque el Estado autorizó el pasado 16 de julio que el equipo técnico visitara las instalaciones de la Modelo y entrevistara a cinco personas detenidas, entre ellas, los colaboradores de la CPDH, las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), no les permitieron la visita a las instalaciones de Máxima Seguridad, bajo el alegato que implicaría un riesgo para el equipo del Meseni.
Reynaldo Antonio Lira Lúquez, Jaime Ramón Ampié Toledo, Julio José Ampié Machado y William Efraín Picado Duarte son los promotores de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH) detenidos el 30 de mayo en Rivas, cuando hacían un trabajo para dicha organización.
El Meseni señala que de las entrevistas realizadas constató con preocupación que las personas detenidas en las instalaciones de máxima seguridad no cuentan con acceso a sus abogados, ni mantienen contacto con sus familiares, que han recibido un trato diferenciado en relación con otros detenidos en la misma galería, en cuanto a “la ausencia de provisión de comida con la misma regularidad que los demás, el sellamiento de sus ventanas de acceso al exterior de las celdas, falta de provisión de colchonetas y cobijas”.
Garantizar trato digno
“El Meseni recibió relatos de que las condiciones de detención mejoraron un día antes de la visita. En este sentido el Comisionado Joel Hernández, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, reiteró la importancia de garantizar el trato digno a las personas bajo custodia de las autoridades del Estado”.
Igualmente asegurar el derecho a la defensa jurídica desde el momento de la detención, e informar de manera inmediata a los familiares sobre el lugar donde se encuentra, así como sobre los motivos de la detención. “La CIDH ha recibido información sobre imputaciones que habrían sido formuladas sobre bases falsas, la demora en la presentación ante la autoridad judicial, incorrecciones e imprecisiones sobre datos asociados al lugar y fecha de detención, entre otras”, señala el comunicado de prensa.
Aunque el Meseni no logró tener acceso a los expedientes legales en esta visita, a partir de los testimonios recabados, resulta especialmente preocupante que las personas entrevistadas estén detenidas en un módulo de alta seguridad en razón de las labores que realizaban asociadas a la defensa de los derechos humanos, por lo que esa Comisión exhortó al Estado de Nicaragua el cese de las detenciones arbitrarias y reitera su obligación de garantizar el debido proceso de las personas detenidas conforme a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
“El Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar que mediante investigaciones estatales se someta a juicios injustos o infundados a las personas defensoras de derechos humanos que de manera legítima reclaman el respeto y protección de los derechos humanos”, apunta la CIDH.
Medidas cautelares
Mientras tanto, la abogada de la CPDH, Yunarqui Martínez, denunció el asedio del cual es víctima, a través de la cual le advierten que la andan siguiendo.
Carmona manifestó que cuando les otorgaron medidas cautelares fue porque existían una serie de amenazas contra el personal de la CPDH que fueron debidamente documentadas y cuando fueron citados por la Procuraduría General de la República (PGR) para poner en práctica las medidas cautelares recordó que uno de los planteamientos que hicieron fue que les dejaran trabajar, el cese inmediato del asedio, persecución y amenazas. Sin embargo, dijo Carmona, continúa esta situación de lo cual responsabilizó al Gobierno.
“No necesitamos escolta policial, no necesitamos policías en nuestras casas, lo que necesitamos es que nos dejen trabajar, que nos den seguridad y el cese inmediato del hostigamiento y el asedio que hay contra nuestros funcionarios”, sostuvo Carmona.