De acuerdo con analistas políticos, la resolución de condena de la Organización de Estados Americanos (OEA) al gobierno de Daniel Ortega, por la violación de los derechos humanos durante las protestas ciudadanas desde abril, dejó al gobernante “como un paria internacional” y expuesto a sufrir sanciones externas, si se niega a aplicar las acciones a las que se le instó relacionadas con frenar la violencia y aceptar el calendario electoral propuesto por la organización.
La lectura del analista José Antonio Peraza es que la resolución de la OEA “es un importante paso, porque el continente americano habló claro y quedó abierto el camino político para que cada Gobierno adopte medidas bilaterales de presión o sanciones”, como cortar la cooperación económica y la relación comercial o diplomática.
Este miércoles el consejo permanente de la OEA realizó una sesión extraordinaria en la que, con 21 votos a favor, tres en contra, siete abstenciones y tres ausentes, los Estados condenaron al régimen orteguista y le urgieron desmantelar a los grupos paramilitares y policiales que creó para desmontar los tranques y barricadas que han sido parte de las protestas. En tres meses, la represión ha causado más de 350 muertos y miles de heridos, según los organismos de Derechos Humanos.
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El calendario electoral, desarrollado por la OEA, establece comicios anticipados, a más tardar, para agosto del 2019. Sin embargo, Ortega se ha opuesto a realizarlos.
Peraza señala de igual importancia “el poder político con el gran respaldo al trabajo” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Alto Comisionado de la ONU de los Derechos Humanos y a la Unión Europea y su participación en la Comisión de Verificación y Seguridad, creada en el Diálogo Nacional para investigar los crímenes.
Peraza refirió que aun cuando el régimen desconoció la resolución, por medio del canciller Denis Moncada, presente en la sesión, “si el Gobierno adopta las recomendaciones se arriesga” a que se active la Carta Democrática Interamericana “para expulsar a Nicaragua del organismo y eso lo convierte en un paria internacional”, con graves consecuencias.
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“Si eso pasa, el Gobierno se vuelve alguien repulsivo ante la comunidad internacional (…). Los informes de la CIDH y de la ONU servirán como pruebas si en un futuro se le puede procesar a Ortega por delitos de lesa humanidad”, afirmó Peraza.
El exdiputado opositor Eliseo Núñez coincide en que “el siguiente paso en la OEA es invocar la Carta Democrática y si te sacan del sistema continental, el Gobierno no podría acceder a financiamiento internacional e incluso cabe la suspensión de los tratados de comercio”.
Oportunidad
José Dávila, exembajador de Nicaragua en Alemania, refirió que tras la posición de la OEA, que refuerza la expresada por la Unión Europea y otros organismos internacionales, de exigir una salida política y pacífica a la grave crisis, “corresponde ahora la definición contundente ante esta nueva etapa de la oposición de Nicaragua” para lograr que el régimen orteguista acepte la vía democrática. Según Dávila, la Alianza Cívica “debe ampliarse para que haya una unidad total de toda la oposición verdadera” a fin de tener mayor fuerza.