Roberto Courtney, director ejecutivo del organismo Ética y Transparencia (EyT), sostiene que cada día que el presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, no responde a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) sobre si acepta el adelanto de las elecciones para el primer trimestre de 2019, demuestra que no tiene voluntad política para resolver pacíficamente la grave crisis que ha dejado 226 muertos en más de dos meses.
“Es un asunto estrictamente de voluntad política, de querer que el reloj empiece a andar y en este caso es el calendario de nueve meses para que se celebren elecciones adelantadas, y eso sucederá en el momento en que se cambien a los magistrados del Consejo Supremo Electoral, y se dan paso a las reformas a las leyes para encaminar el proceso de los comicios”, afirmó Courtney.
El 9 de junio pasado, los obispos de la CEN, mediadores y testigos en el Diálogo Nacional le entregaron a Ortega una propuesta sobre la ruta de la democratización, que parte de adelantar las elecciones nacionales al 31 de marzo de 2019.
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Lo planteado por la CEN coincide con el calendario de reformas electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA), que establece un plazo mínimo de nueve meses y un máximo de 14 para que en Nicaragua se celebren comicios. Pero Ortega ha guardado silencio, a pesar de que los obispos le urgieron una respuesta para que avance el tema de la democratización en el Diálogo.
Courtney dijo que Ortega debería entender que el cronograma de la OEA es su oportunidad “para llegar menos bañado de sangre” a la solución pacífica e institucional a la crisis.
Deshacerse de todos
Roberto Rivas Reyes “renunció” como magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE), a finales de mayo pasado, luego de 23 años en ese cargo y 18 presidiendo la institución. La salida de Rivas del CSE fue presentada oficialmente como parte de los acuerdos entre la OEA y el Gobierno para reformar el sistema electoral.
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Roberto Courtney, director de EyT, dijo que el siguiente paso que exige la ciudadanía es la renuncia de los otros magistrados (seis propietarios y tres suplentes) y que se nombren ciudadanos con credibilidad para dirigir las elecciones.
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