Durante dieciocho días las barricadas levantadas por el pueblo de la ciudad de Masaya evitaron que se viviera otra masacre, hasta el pasado 19 de junio, cuando paramilitares y policías fuertemente armados provocaron, otra vez, dolor, luto y zozobra en la población.
Cerca de 25 vidas es el saldo mortal, constatado por LA PRENSA, que ha dejado la brutal represión gubernamental contra Masaya. La oficialista Comisión Porras había contabilizado hasta el pasado jueves 27 víctimas.
A esa cifra se debe sumar la muerte de Carolina Collado, de 39 años, quien falleció el sábado pasado por un disparo policial en la yugular. Serían 28 víctimas en poco más de dos meses.
Solo en la primera semana de junio, doce personas murieron en Masaya y varias de ellas fueron ultimadas por francotiradores, según relatos de la misma población.
Por su parte, Álvaro Leiva Sánchez, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), ha sostenido que en Masaya se vive “una profunda crisis de violación a los derechos humanos que va incrementando en cada momento”.
Cuando iniciaron las protestas en esa ciudad, ubicada al oriente del país, los antimotines lanzaban gases lacrimógenos, pero ahora han “barrido” Masaya a punta de balas.
Para Leiva Sánchez, en Masaya “no hay una seguridad ciudadana, que garantice la tranquilidad del ciudadano (…) Ya el ciudadano está aterrorizado de la situación que vive, no puede circular con libre tranquilidad en su ciudad, los jóvenes son perseguidos”, indicó.
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Monimbó mantiene las barricadas
Pese a que la Policía ha derribado varias barricadas en las calles centrales de Masaya, las trincheras se mantienen intactas y más fortalecidas en el barrio Monimbó; no obstante, persiste la zozobra ante un repentino ataque.
Leiva Sánchez explicó que “estas fuerzas combinadas, que permanecen en varios puntos de la ciudad (están) esperando entrar en acción para desarrollar matanza, captura selectiva y destrucción”.
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LAPRENSA/MANUEL ESQUIVEL
Capturas ilegales
A como ha sucedido en otras zonas del país, fuerzas regulares y paramilitares entran a las casas y capturan a los jóvenes. Lo mismo está sucediendo en Masaya. Álvaro Leiva Sánchez, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), explicó que “hay un distanciamiento de la autoridad policial con el poder judicial porque están haciendo captura sin órdenes judiciales de un juez competente, están ingresando a los hogares de los ciudadanos sin una orden judicial de allanamiento de morada”.
Dicha situación preocupa a las madres, precisamente, por el destino de estos jóvenes y por la forma en la que operan las fuerzas combinadas en la ciudad, denunció.
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