El Consejo de Defensa de la Tierra anunció este miércoles que a partir de la fecha la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) les brindará acompañamiento, que implicará asesoría tanto nacional como internacional.
El funcionario de la CPDH, Denis Darce, expresó que como parte de su agenda de trabajo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incorporarán el tema relacionado al movimiento campesino anticanal, en cuanto a la violación de derechos humanos.
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“Y con ello vamos a definir las acciones que en el campo legal a nivel nacional e internacional vamos a desarrollar”, dijo Darce.
Junto a Darce comparecieron los dirigentes del Consejo encabezado por Medardo Mairena, en ese grupo no estaba la líder de ese movimiento Francisca Ramírez.
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“La asesoría y el acompañamiento va mucho más allá, ya estamos identificando con ellos algunas necesidades de conocimiento, algunas necesidades de herramientas técnicas para las acciones de defensoría del mismo movimiento”, sostuvo Darce, quien anunció que también buscan fortalecer la parte organizativa del movimiento.
El funcionario señaló que los líderes del movimiento expusieron que las movilizaciones que han realizado han sido a costa de sus propios recursos y que no han recibido dinero de ninguna organización política social, sea nacional e internacional.
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Por tanto, tratarán dentro de las posibilidades de conseguir recursos que les permitan continuar con la lucha y fortalecer el movimiento, “porque si ellos han hecho bastante con lo poco que han tenido, es posible que puedan hacer mucho más, con más apoyo que podamos darle con organizaciones de la sociedad nicaragüense”, sostuvo Darce.
El funcionario de la CPDH aclaró, que esa organización no pretende sustituir a los líderes de ese movimiento, tampoco actuará en calidad de voceros de esa agrupación. Y se limitarán a la asesoría.
“Como organismo de derechos humanos como principio fundamental de nuestro trabajo es que las personas titulares de derecho asuman su protagonismo”, explicó Darce.
2012
fue aprobada la Ley 840 que establece el régimen jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y la creación de la Autoridad del Gran Canal. Tras esa ley surgió el movimiento campesino anticanal.