El hallazgo de una escopeta y unos proyectiles durante un allanamiento policial, realizado el 22 de abril, fue el motivo aparente de la captura y posterior acusación en contra de la comisionada en retiro Gloria María Aguirre Quiñónez, de 54 años.
El caso es ventilado en el Juzgado Primero Local Penal de Chinandega, por el delito de portación o tenencia ilegal de arma de fuego o municiones en contra del Estado de Nicaragua. La procesada fue jefa de la Policía de Tránsito en Chinandega, según el acta de la audiencia preliminar realizado el pasado martes 25 de abril.
Del vínculo de ambas acusaciones no hay mayores detalles, pues el acta de la audiencia únicamente lo menciona rápidamente. En la misma audiencia la Fiscalía pidió como medida cautelar la prisión preventiva, a la que accedió la judicial, bajo el alegato de que la acusada no se someterá al proceso, “que fue policía y puede evadir el proceso para evadir la justicia”.
Este jueves, Aguirre fue remitida a audiencia inicial pero el alegato para impedir el acceso a los periodistas fue que la misma había sido suspendida, sin embargo, otras fuentes señalaron que incluso durante la audiencia le fue programado juicio oral y público para el próximo 11 de mayo.
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Desde las 10:30 a.m. de este jueves, no fue permitido el acceso a periodistas en los dos portones del complejo judicial. Pese a que los vigilantes indicaron que informarían al jefe inmediato, tras una larga espera adujeron al mediodía que no había permiso para el ingreso.
Según el personal del complejo judicial, el martes pasado una de las agentes policiales lloró cuando observó que Aguirre descendía de la patrulla policial que la trasladó a Chinandega desde “El Chipote”, en Managua.
No deja de extrañar el proceso cerrado bajo el cual se han realizado las audiencias en contra de la exfuncionaria policial, por la tenencia de una escopeta cuando ni siquiera es un arma de guerra, sumado a la negativa al acceso a los periodistas, así como que el judicial otorgó como medida cautelar la prisión preventiva en el penal de Chinandega y antes esta había sido investigada en “El Chipote”, señala el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas , al conocer sobre el caso.
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Según el acta de la audiencia preliminar, el abogado Juan Alberto Miranda, defensor de Aguirre, alegó ante la judicial que en la acusación la Fiscalía no establece si el arma encontrada en el hogar “es de alguna persona que vive en su casa o le fue asignada a ella (Aguirre)”.
Sobre los proyectiles y tiros de pistola 9 milímetros que encontraron en el allanamiento, el defensor alegó también que correspondían a una pistola que estaba asignada a su representada, a quien hace un año se la robaron cuando delincuentes incursionaron a su vivienda.
A su vez señaló el abogado, que durante los 30 años que su defendida estuvo en las filas policiales la institución le dio un arma, pero nunca le entregó portación.
Aguirre primero se desempeñó como secretaria en la delegación del Ministerio del Interior, en León, posterior en la década de los noventa pasó a laborar en el Sistema Penitenciario, en Chinandega, como secretaria. Luego pasó a la Policía, donde estuvo a cargo de la Secretaría Ejecutiva Departamental y luego nombrada como jefa del área de Tránsito, último cargo que desempeñó hasta hace un año del que intempestivamente fue retirada.
Remitida al penal
La juez Primero Local Penal de Chinandega, Claudia Noguera, ordenó que la comisionada en retiro, Gloria María Aguirre, fuese trasladada al penal de Chinandega, donde ordenó que permanezca “en lugar absolutamente separado de los que ocupan quienes hayan sido condenados”. Aclaró que fue remitida al penal porque la acusada “por razón de su trabajo, ha realizado funciones dentro de la Policía Nacional de Chinandega”, y hay que garantizar su seguridad física.
