Carmen María Navarro Sosa denunció que las empresas Camarones del Pacífico y Larvas del Pacífico interpusieron un escrito para anular la inscripción registral de la propiedad de la Finca Santa Rita de Hato Grande, con tal de que estas pasen al Estado para seguir pagando un arrendamiento por la explotación de la misma. Esto pese a que una resolución de la Corte Suprema de Justicia, dejó claro que la propiedad no pertenecía al Estado.
El reclamo por la finca de Santa Rita de Hato Grande fue revelado en una investigación de LAPRENSA publicada el 31 de agosto pasado. Las empresas camaroneras son dirigidas por familiares del ministro de inversiones de Nicaragua, Álvaro Baltodano. Estas han explotado la finca pese a los reclamos de Carmen María Navarro Sosa y su familia, quienes incluso interpusieron una demanda en contra de estas que todavía no ha sido resuelta por el poder judicial.
“Lo que ellos buscan es cancelar nuestra inscripción, para seguir alegando que la propiedad es del Estado y así estar pagando el arriendo por la concesión, cuando ya la Corte Suprema de Justicia ya dejó claro que el Estado no tiene intereses en esa propiedad” , explicó Navarro Sosa.
Solicitud de camaroneras no ha sido aprobada, por el momento
Sin embargo, la solicitud de las camaroneras, representadas por la abogada y miembro del bufete Consortium Nicaragua Taboada y Asociados, Martha Lorena Icaza, no ha sido aprobada por el Registro Público de la Propiedad de Chinandega.
“Lo que me preocupa es que tengo información de que ellos se están moviendo a niveles superiores para que les aprueben esa anulación de nuestra inscripción. Mis abogados lo que me han dicho es que no puede ser así. Que el único que puede anular una inscripción registral es un tribunal o un juez”, añadió Navarro Sosa.
Agregó que espera que este trámite finalmente sea desechado y prosiga el proceso en contra de las dos camaroneras, a las que acusa estar usufructuando la finca sin querer reconocerles un pago por la propiedad de la misma.
