Con recelo y desconfianza ve la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, la iniciativa de Ley de Justicia Constitucional, introducida en la presente semana en la Asamblea Nacional por la Bancada Sandinista, en sustitución de la Ley de Amparo.
“Pienso que esto puede encaminarse dentro de la lógica que ha venido siguiendo Daniel Ortega, que comete los abusos, atropellos y arbitrariedades y después las quiere cubrir con un ropaje jurídico emitiendo leyes que hasta cierto punto legalizan las arbitrariedades y atropellos”, dijo Núñez.
MECANISMO DEFENSA DE DERCHOS HUMANOS
La defensora de derechos humanos aseguró que analizarán detenidamente esta iniciativa, sobre todo porque el recurso de amparo es uno de los principales mecanismos para la defensa de los derechos humanos .
“Ustedes saben que la existencia de los recursos que están contemplados en la ley de amparo, son las garantías y mecanismos procesales a través de los cuales se protegen los derechos humano (…) podría ser que la misma se convierta en un desmontaje de lo que ya existe en la ley”, sostuvo la presidenta del Cenidh.
Núñez instó a los expertos constitucionalistas a que analicen este proyecto de ley para “tratar de defender la poca juridicidad que nos está quedando”.
La iniciativa contiene 70 páginas y 117 artículos.
La abogada constitucionalista, Azahalea Solís, también manifestó su recelo señalando que “esta es una propuesta de ley que se deriva de las ilegales reformas constitucionales que según ellos entraron en vigencia en 2015”.
Solís dice que se trata de englobar una serie de recursos que tienen que ver con la constitucionalidad, en la que posiblemente haya un intento de mayor concentración formal de poder.
“El problema está en que Constitución tenemos y quien aplica la Constitución”, dijo Solís quien pone de ejemplo que “doña Rosario Murillo es candidata y legalmente no debería ser de acuerdo a la Constitución”.
PARA AGRUPAR LEYES
En la exposición de motivos del proyecto de ley, señalan que “en nuestro país, el control jurisdiccional de la Constitución se ha caracterizado por la existencia de una serie de instrumentos de protección jurisdiccional de la Constitución, dispersos en diversas normas (…) y en la que intervienen distintos órganos del Poder Judicial tanto de forma individual como colegiada”.
Alegan que esto les ha llevado “a la necesidad de agruparlos en un solo cuerpo normativo y en un único órgano especializado de control.
