El expresidente Otto Pérez Molina y su número dos, Roxana Baldetti, en prisión por supuesta corrupción, lideraron desde 2008 un “emporio criminal” de lavado de dinero que les permitió llegar al poder y desde ahí cooptar el funcionamiento del Estado de Guatemala, informó una fuente oficial.
“Se apropiaron de las instituciones del Estado”, denunció este 2 de junio el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, después de que esta misma mañana fueran detenidas 25 personas, entre ellas un funcionario, un exministro y un exdiputado, que han sido ya enviados a prisión preventiva.
La red criminal, en la que están involucradas grandes empresas, incluidos medios de comunicación y constructoras, financió de manera ilegal al Partido Patriota (PP) liderado por Pérez Molina para su llegada al poder en 2012.
Así, eludiendo los controles del Tribunal Supremo Electoral (TSE), empresas del magnate mexicano de los medios de comunicación Ángel González, como Canal 3 y Canal 7, pagaron entre 2008 y 2011 más de 17 millones de quetzales (2.2 millones de dólares) que se destinaron a la compra de vehículos para propaganda del PP.
Como contraprestación, tras su llegada al Gobierno en 2012, el Ejecutivo de Pérez Molina otorgó contratos de publicidad a estas empresas por valor de más de 240 millones de quetzales (26.2 millones de dólares), de acuerdo con la investigación.
Este esquema de financiación ilegal y recompensas se repitió, según la investigación del Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la CICIG, en decenas de casos, yendo el dinero en muchos casos a parar a los patrimonios de Pérez Molina y Baldetti.
Participaron de esta red criminal medios de comunicación, grandes constructoras y personas particulares, que se ocultaban bajo el entramado de empresas creado por el ex secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, quien ahora es colaborador eficaz de la Fiscalía.
Una vez asumido el cargo, el exbinomio presidencial otorgó contratos ventajosos a estas empresas, así como a otras a las que exigió comisiones que alcanzaron al menos 500 millones de quetzales (65.5 millones de dólares).
La investigación ha podido determinar al menos 450 contratos otorgados de esta forma ilegal, entre ellos uno para el seguro del aeropuerto de La Aurora, valorado en 36 millones de quetzales (4.7 millones de dólares), cuya comisión supuestamente utilizó Pérez Molina para la compra de un edificio.
“El Estado se convirtió en un negocio”, lamentó Velásquez durante su intervención junto a la Fiscal General, Thelma Aldana, para presentar el nuevo caso de corrupción en Guatemala.
Para aprovecharse del dinero recaudado, la red creó a su vez un entramado de empresas opacas para lavar el dinero, una operación en la que debieron contar con la connivencia de algunos bancos, apunto el jefe de la CICIG.
Por estos hechos fueron capturados 25 personas, entre ellas el exministro de Agricultura del gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004) y actual dirigente cooperativista Edín Barrientos, señalado por lavado de dinero u otros activos, así como el exdiputado Marvín Díaz, del Partido Patriota (PP), con el que gobernó Pérez Molina entre 2012 y 2015.
Además, se dictaron siete órdenes de detención internacionales y se pidió extender los cargos a otras seis personas, entre ellas Pérez Molina y Baldetti, ya en prisión por otros casos de corrupción.
A los exmandatarios ahora se les acusa de asociación y enriquecimiento ilícito.
Ambos están ya detenidos preventivamente por el caso de defraudación aduanera “La Línea”, así como implicados en el fraude por la ampliación de la mayor portuaria del país, Puerto Quetzal.
