Los diputados sandinistas, además de negar los hechos violentos ocurridos recientemente en la Costa Caribe, están más interesados en reformar el Estatuto de Autonomía de la Costa Caribe de Nicaragua (Ley 28) solo para homologarlos con las cuestionadas reformas constitucionales emprendidas por el presidente inconstitucional Daniel Ortega.
El diputado Carlos Langrand fue la única voz que se escuchó cuestionando el desinterés de la bancada mayoritaria al conflicto en la Costa Caribe el pasado martes 15 de marzo ante el pleno de la Asamblea Nacional, cuando se aprobó la reforma al Estatuto de Autonomía.
Esta reforma a la Ley 28 “abría una oportunidad en las regiones de la Costa Caribe para darle atención a los problemas apremiantes que les aquejan”, dijo Langrand, miembro de la Bancada Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli).
“Los líderes de la Costa Caribe nos hablan de los reiterados conflictos entre colonos y depredadores de los recursos que afectan a las comunidades ancestrales. La mafia maderera está arrasando y diezmando fauna y flora, envenenando sus acuíferos, amenazando especies en peligro de extinción. El Estado ha fallado en su custodia y protección, a pesar de su obligación de salvaguardar y preservar estos recursos y las áreas de reservas naturales de biósfera de la humanidad (Bosawas). Hay sentencias de tribunales internacionales condenatorias al Estado nicaragüense por concesiones ilegales y permitir el deterioro ambiental”, manifestó el diputado Langrand ante la indiferencia de los diputados del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La bancada del FSLN está integrada por 62 diputados de los 91 totales en la Asamblea Nacional, teniendo los votos suficientes para aprobar o rechazar cualquier Ley. Sin embargo, solo acatan las órdenes del poder ejecutivo sin cuestionamientos.
La presidenta de la Comisión de Asuntos de los Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Regímenes Autonómicos, la diputada sandinista Loria Dixon, es una de las que niega totalmente el conflicto en la Costa Caribe Norte del país y en cambio aclama al Gobierno por un sinfín de obras que asegura han llevado progreso, seguridad y bienestar a la misma.
Los diputados opositores de la Alianza PLI, que son 23, emitieron un voto razonado debido a que la iniciativa de reforma a la Ley 28 no fue debatida ampliamente. Langrand considera que se negaron a cumplir con la Ley 475 de Participación Ciudadana y la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional en el proceso de formación de Ley, que obliga a la consulta ciudadana, disposiciones que no se cumplieron.
El diputado Langrand también hizo ver que aunque se defenestró el año pasado al diputado Brooklyn Rivera por acusaciones de venta ilegal de tierras indígenas, no se volvió a saber nada de esa información.
“¿Qué pasó con las denuncias de tráfico de tierra de más de 1,500 kilómetros cuadrados que motivó el desaforo (desafuero) del diputado Brooklyn Rivera y la persecución del Estado por los daños causados a tierras comunitarias?”, preguntó ante el pleno el diputado Langrand y no hubo respuesta.
VIOLENCIA Y ABANDONO
La violencia que viven los indígenas enfrentados a los emigrantes que llegan del Pacífico, llamados colonos, los ha obligado a abandonar sus comunidades. Ante esta situación humanitaria, organismos regionales y multilaterales de derechos humanos se han reunido en Honduras con los miskitos y mayangnas que han debido huir por los conflictos y exhortaron al Gobierno de Nicaragua a garantizar los derechos de las comunidades indígenas a la convivencia pacífica, su derecho a la tierra, al saneamiento de sus tierras comunales y la demarcación.
Los habitantes de la Costa Caribe nicaragüense sufren la ausencia del Estado y la precariedad en sus condiciones de vida. Tienen los índices mayores de pobreza, falta de servicios de salud y educación. Demandan poner fin al conflicto con los invasores y traficantes de tierra y que el Estado cumpla con el saneamiento y demarcación territorial de sus terrenos ancestrales.
CAMBIOS COSMÉTICOS
La reforma a la Ley 28 consistió en modificar el nombre de Costa Atlántica por Costa Caribe y también se amplió el período de los Consejos Regionales de cuatro a cinco años.
La iniciativa de reforma a la Ley No 28 Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua, se aprobó con 63 votos, legislación que se armoniza con la reforma constitucional del 2014.
En el debate de la reforma fueron aprobadas dos mociones presentadas por el jefe de la bancada sandinista, diputado Edwin Castro, con lo cual se adicionaron igual cantidad de artículos.
Una de las mociones es la “publicación de texto íntegro con reformas incorporadas y traducción en lenguas de uso oficial en las Regiones Autónomas”.
La Bancada Alianza del Partido Liberal Independiente votó en contra de la reforma, aduciendo que no responde a las principales necesidades de las regiones del Caribe Norte y Sur y que fue muy poco consultada.
Lea también: Indígenas prometen defender sus tierras de invasiones de colonos
