A mediados de febrero fueron juramentadas en la Asamblea Nacional las dos nuevas magistradas del Consejo Supremo Electoral (CSE), Norma Moreno y Mayra Salinas, lo que elevó a cuatro la cuota de magistradas frente a seis hombres en ese cuestionado poder estatal. Las dos nuevas mujeres tienen una sobrada militancia en el partido gobernante, ambas se desempeñaron antes como funcionarias y en su currículo consta que son profesionales y cuentan con estudios de maestría.
Con el ingreso de estas dos mujeres a la cúpula del poder electoral, aumenta la cuota femenina en las más altas esferas del poder estatal. El Gobierno, a través de la Ley 648 “de igualdad de derechos y oportunidades”, conocida popularmente como “Ley 50-50”, se ha propuesto elevar la participación femenina a lo largo y ancho de todo el estamento público. Así se estaría cumpliendo con una de las viejas demandas del Plan de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebró en Beijing, China, en 1995, en la cual se resaltó la discriminación y marginación de las mujeres en espacios de poder. Entonces, menos del 11 por ciento de las mujeres ocupaban escaños en los parlamentos del mundo. Y una de las metas para generar cambios sociales era darle más participación a la mujer.
En la Asamblea Nacional, donde se juramentó a Moreno y a Salinas, cinco de los siete miembros de la Junta Directiva del parlamento nacional son mujeres, de las cuales cuatro militan en el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y una en la Alianza PLI (Partido Liberal Independiente).
Y de los 92 diputados que componen el congreso, el 42 por ciento son mujeres, según detalla el informe de la Unidad Técnica de Género de la Asamblea Nacional y la diputada sandinista Martha Marina González, quien recuerda la alta participación de mujeres. Por ese tipo de cifras, que se expanden al gabinete donde hay más de una docena de mujeres presidiendo ministerios y viceministerios, el país mereció el noveno lugar “en igualdad de oportunidad para las mujeres”, de acuerdo con el Reporte Global de Equidad de Género. Mientras que el Foro Económico Mundial ubicó a Nicaragua en la posición número cinco del mundo entre 135 países, “en cuanto a la igualdad de género, en la dimensión de empoderamiento político”, según refiere el mismo informe.
Por si fuera poco, hace un par de años la Unión Interparlamentaria (UIP) colocó a Nicaragua a la cabeza de la lista de países con gabinetes ministeriales con más participación de mujeres.
112 de los 182 Juzgados de Distrito que existen en el país están presididos por mujeres, esto constituye el 61 por ciento de los juzgados. Mientras que en los Juzgados Locales, de 197 hay 119 ocupados por mujeres, lo que representa casi un 66 por ciento.
SUMAS Y RESTAS
Pero, ¿qué tanto la participación de mujeres en las esferas de poder irradia al resto de las mujeres en el país? Esa presencia estadística femenina dentro del establecimiento de poder qué tanto se traduce en políticas y leyes a favor de ese 52 por ciento de la población nicaragüense compuesto por mujeres?
Algunas voces critican que las mujeres en el gobierno actual “no tienen ni voz ni voto” y que la presencia de mujeres no garantiza una mejoría para este amplio sector de la población, que en algunos aspectos ha experimentado un retroceso. Se anota entre los retrocesos, los cambios que ha sufrido la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, 779, cuya aplicación reciente orienta no aplicar cárcel a delitos como el incumplimiento de pensión alimenticia. El movimiento feminista ha anotado como una involución la penalización del aborto terapéutico que se aprobó en 2006.
Pero también, el silencio, la falta de voz y voto de las mujeres que están en las esferas del poder, también se equiparan al silencio de la gran mayoría de los hombres que ocupan cargos dentro de esta administración caracterizada por un ejercicio del poder concentrado y vertical, que se deriva desde el mandatario Daniel Ortega y su vocera Rosario Murillo, hacia abajo.
Eveling Carrazco, feminista, recuerda que es gracias a la lucha del movimiento feminista del país que se remonta décadas atrás, a las feministas de a pie, que han reclamado una mayor representación de las mujeres en las instituciones estatales y en las esferas de decisión que se han creado leyes como la “50-50”.
“Ante la desigualdad evidente, era importante que el Estado diera entrada a un montón de mujeres”, agrega Carrazco.
Sin embargo, cree que las mujeres que acceden al poder en este momento, a pesar del discurso de igualdad y equidad de género, es “totalmente discursivo”, y cuestiona que muchas “no tienen ni voz ni voto”, y cuando han intentado tenerlo las callan o las purgan.
Salta a colación el caso de la diputada Xochilt Ocampo, quien fue destituida ilegalmente de su curul de diputada después de que no votó por la Ley 840 del Gran Canal que se aprobó por mayoría de diputados sandinistas en la Asamblea Nacional.
“Para mí el discurso de la igualdad y la equidad es una ficción que no se sostiene en este Estado, que parece fallido”, cuestiona Carrazco y cree que hay muchos pendientes por mejorar la vida y la situación de las mujeres. Carrazco recuerda, por ejemplo, que las mujeres del campo están a la espera que se apruebe la Ley 717 “creadora del fondo para compra de tierras con equidad de género para mujeres rurales”. Carrazco cree que el discurso del “pueblo presidente” se cae cuando el Gobierno aprueba y promueve proyectos como el Gran Canal que pretende expropiar y expulsar de sus tierras a campesinos favoreciendo a empresas extractivas.
Eso sin profundizar en la violencia cotidiana que sufren decenas de mujeres cada vez que van a las Comisarías de la Mujer o al sistema de salud donde muchas mujeres abusadas son revictimizadas, concuerdan distintas expertas.
80 por ciento de las trabajadoras de la Salud son mujeres. En el caso del Ministerio de Educación (Mined), alrededor del noventa por ciento de los docentes son mujeres, sin embargo, ambos sectores, sobre todo el educativo, devengan los salarios más bajos del Estado.
LO QUE PROPONEN
La diputada sandinista Martha Marina González, quien preside la Comisión de la Mujer, dice que no es cierto “que no decidimos. Nosotros opinamos y proponemos”, asegura la diputada originaria de Estelí. “Yo propuse una iniciativa para crear la ley que incluye la heroína nacional”, detalla, y agrega que antes solo se contemplaban hombres como héroes.
La legisladora describe que en otras iniciativas promovidas están la ley de lactancia materna (aprobada en junio de 1999), la de partos múltiples (aprobada en mayo de 2010), pero también el Código de la Familia (junio del 2014), que fue promovida desde la Comisión de Mujer y Justicia, “y beneficia enormemente a las familias nicaragüenses”, dice González.
González resalta que actualmente el sesenta por ciento de los diputados sandinistas son mujeres y que la mitad de las diez comisiones que preside el FSLN están presididas por mujeres.
A pesar de esas cuotas que resalta González, “lo que se está viendo son funcionarios hombres y mujeres que no tienen poder de decisión, es la política del ‘mande, sí señor, ordene’”, explica Carrazco, quien añade que desde el Estado se promueve una violencia estructural que ha “instrumentalizado” y “cooptado” a las mujeres que ocupan cargos dentro del Gobierno.
Para mí el discurso de la igualdad y la equidad es una ficción que no se sostiene en este Estado, que parece fallido”. Eveling Carrazco, feminista.
PARTICIPACIÓN ES IMPORTANTE PERO NO ES SUFICIENTE
Martha Yllescas, economista y docente de la maestría de género de la Universidad Centroamericana (UCA), valora que el hecho de “que haya más mujeres en las estructuras de toma de decisión, es importante para comenzar a trabajar las desigualdades que por razones de género existen, pero esa condición no es suficiente para cambiar las desigualdades de género que han estado presente por tanto tiempo en nuestra sociedad”.
La docente y feminista cree que “no se puede pretender que por el 42 por ciento eso va a cambiar la lógica de la sociedad, es un problema de la cultura, es un problema social. Cambiar eso requiere mucho más que tener presencia de mujeres en el Estado. Necesitamos hacer esfuerzos más serios. Y entender que no solo es responsabilidad del Estado, o solo de las mujeres, o solo de las organizaciones, en realidad el tema de las desigualdades de género nos afecta a todos por igual, pero este es un asunto de los hombres y las mujeres”.
Yllescas sostiene que no se debe ver a las mujeres como “madres políticas” y que recaiga en ellas una responsabilidad que en realidad deben compartir hombres y mujeres. Considera que es importante la presencia de las mujeres en los espacios en que se toman las decisiones, pero cree que no se debe perder de vista que estas mujeres en el contexto actual están ahí porque responden a los intereses de su partido, y por tanto “esperar que tengan una agenda distinta es, hasta cierto punto, pedirles que se inmolen”.
Y no cree que necesariamente están allí porque representan al resto de las mujeres, aunque eso no impide que les pueda interesar y compartir una agenda que es común al resto de las mujeres, explica la docente.
A pesar de las contradicciones y las discrepancias de otras mujeres que se definen como feministas, desde la acera de la diputada González la visión es opuesta.
“En todos los poderes del Estado podemos decir que hemos avanzado, que hemos dado grandes pasos, pero que aún falta camino por recorrer”, concluye la diputada González.
Dejemos de esperar que las mujeres que llegan a cargos de toma de decisión sean especialmente brillantes y merezcan premios Nobel porque eso no se lo pedimos a los hombres”. Martha Yllescas, economista y docente de maestría de género en la UCA.
LOS CAMBIOS EN LA LEY 779
Aún no se sabe si también para los delitos de feminicidio se aplicará la nueva orientación recibida, la cual están cumpliendo los jueces de familia de “no encarcelar” a quienes incumplen la Ley 779, sin embargo, en el delito de incumplimiento de pensiones de alimento LA PRENSA ha documentado casos en los que se ha eximido de la prisión al padre que incumple. Otra puñalada para la Ley 779 que fue creada para proteger a las mujeres de la violencia, fue el decreto de libertad para más de trescientos reos condenados por violencia física y sicológica hacia las mujeres.
Según estadísticas de distintas organizaciones nacionales e internacionales, en Nicaragua fueron asesinadas 53 mujeres el año pasado y miles de niñas han sido abusadas por parientes y conocidos en los últimos años. Un informe de Unicef (Organización de Naciones Unidas para la Infancia) reveló que Nicaragua ocupa el primer lugar en el número de embarazos en adolescentes. Se ignora cuáles son las políticas públicas para reducir estas estadísticas y mejorar la atención a jóvenes abusadas.
