En una radio local Máximo Lacayo (izquierda), afectado y representante legal de los demandantes, dijo que las autoridades están desacatando órdenes judiciales. LA PRENSA/LUCÍAVARGAS

Siguen esperando indemnización de Alcaldía de Granada

Extrabajadores de la Alcaldía de Granada aseguran que la alcaldesa Julia Mena quiere pagarles a su voluntad. Unas 60 personas son las afectadas.

Tres años llevan los extrabajadores de la Alcaldía de Granada exigiendo sus indemnizaciones luego de haber sido corridos por la alcaldesa sandinista Julia Mena Rivera, desde que tomó el poder, pese a las sentencias judiciales que han obtenido a su favor. Los afectados suman unas sesenta personas.

Este viernes emitieron un pronunciamiento público, en el que aclaran que el secretario político departamental del FSLN, Rudy Acevedo, les planteó en nombre del Frente Sandinista, del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, que les iban a pagar conforme a sentencias judiciales, sin embargo han transcurrido nueve meses de conversaciones y a la fecha solo han estado convocando a unos cuantos afectados para proponerles un pago que violenta sus derechos laborales.

Máximo Lacayo, afectado y representante legal de los demandantes, dijo ayer que el derecho al salario es irrenunciable y que están desacatando las órdenes judiciales de reintegro, proponiendo liquidaciones en las que no se reconoce pago de salarios caídos, aguinaldos y vacaciones, con base en el derecho.

“Protestamos enérgicamente por la falta de seriedad del secretario político del FSLN, Rudy Acevedo, quien representa al presidente y a la primera dama, así como a las autoridades municipales, porque luego de nueve meses de pláticas ha incumplido”, dijo Lacayo.

Los afectados, tras las órdenes de reintegro, advirtieron que si no les cumplen van de nuevo a comenzar la lucha públicamente. La demanda es que les paguen lo que corresponde y no lo que las autoridades quieran.

“Si nos deben 100 mil nos quieren dar 50 mil y así sucesivamente, violentando un derecho constitucional irrenunciable”.

Máximo Lacayo, afectado y representante legal de los demandantes.

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