Aunque en la última década las asignaciones presupuestarias a la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) se han incrementado entre 35 y 98 por ciento en términos dolarizados y que la empresa privada ha cabildeado intensamente con el Gobierno para resolver las constantes trabas que ambas instituciones ponen al comercio y los negocios, las quejas no tienen fin.
Inclusive tanto la DGI como la DGA son señaladas por los empresarios, sin importar tamaño, como las entidades más corruptas del país, por encima de la Policía, del Sistema Judicial y ministerios, según la Encuesta de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, que elaboró y publicó el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
De hecho los servicios que ofrece la DGI, según la misma encuesta, son los más insatisfactorios a nivel de instituciones públicas y la inconformidad por los servicios de la DGA, por su lado, se siente en el 51.2 por ciento de los empresarios que están vinculados al comercio exterior, según el reciente estudio.
Y ante la falta de una respuesta gubernamental integral a las constantes trabas en dichas entidades, el único salvavidas que los empresarios han encontrado para resolver sus recurrentes trabas es la Comisión de Seguimiento, donde el asesor para Asuntos Económicos de la Presidencia, Bayardo Arce, suele recoger las quejas y promete respuesta a casos específicos. O bien las denuncias saltan a la palestra pública pero como gremios, casi nunca por caso o empresa específica, por miedo a represalias.
De que ambas entidades son motivos de constantes quejas, de eso está claro el Gobierno de Nicaragua. A mediados del año pasado, el mismo Arce reconoció que los ciudadanos y los empresarios enfrentan “un calvario” en las aduanas. Esto a pesar que Nicaragua ha recibido asistencia de organismos financieros internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que ha aprobado millonarios préstamos o donaciones para modernizar los servicios fiscales y los puestos aduaneros del país.
Y además en el Presupuesto General de la República cada año se incrementan las asignaciones a las dos recaudadoras. En 2016, la DGI dispone de 16.89 millones de dólares, superior a los 12.52 millones de dólares en 2006; y la DGA tiene este año 17.40 millones de dólares para gastos, casi el doble de los 8.76 millones de hace diez años.
Además Nicaragua está sujeta al cumplimiento del Acuerdo de Facilitación del Comercio, de la Organización Mundial de Comercio (OMC), donde se espera que la región logre la armonización y automatización de los servicios al comercio internacional, principalmente lo relacionado con la importación, exportación y tránsito transfronterizo de mercancías, a fin de reducir los costos de transacción y mejorar el entorno comercial de los países. En el marco de esta exigencia de la OMC hay un fondo de ayuda para países como Nicaragua, solo basta con pedir asistencia.
LAS BARRERAS
Entonces, si la raíz de las quejas contra ambas entidades no es por presupuesto, ¿por qué en años de negociaciones entre el Gobierno y la empresa privada no se ha logrado la eficiencia en la DGI y la DGA? ¿Cuáles siguen siendo los cuellos de botella en ambas instituciones? ¿En qué se ha avanzado? ¿Cómo quedan los empresarios que no estén asociados?
Para Róger Arteaga, quien estuvo al frente de la Dirección General de Ingresos durante la administración del presidente Enrique Bolaños, hasta hoy la empresa privada no ha logrado revertir las ineficiencias en ambas entidades fiscales porque hace falta voluntad por parte del Gobierno para de una vez por todas sanear las ineficiencias, agravado por un problema de capacidad administrativa.
Las quejas contra ambas entidades van desde la excesiva demora para resolver las dudas de valor de las mercancías que intentan entrar al país hasta la tardía devolución de impuestos. Rodrigo Caldera, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), agrega otro: “Hay quejas sobre el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo. (Y también) con la Ley de Escáner, se está pagando por servicio que no se traduce en un beneficio tangible”.
Para Caldera, se ha avanzado en materia de agilización de tramitología en ambas entidades, pero todavía “tenemos mucho trabajo por delante”. Además menciona que las fronteras terrestres y la terminal de carga aérea son los puestos aduaneros más problemáticos para el sector empresarial. En el caso de la DGI se ha mejorado la devolución de impuestos, “pero hay que reducir los tiempos”, insiste.
Pero la mejoría en la tramitología y atención que percibe Caldera no la siente el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), Rosendo Mayorga, quien afirma: “No ha habido mejoría, el proceso de respuesta de la DGI a los contribuyentes es sumamente lento, se lleva semanas la liberación de una solvencia fiscal o cualquier documento importante que se emite a través del portal de la VET (Ventanilla Electrónica Tributaria), puesto que los afectados deben demostrar con cantidad de documentos solicitados por fiscalización que están totalmente al día con sus impuestos y que no existe razón para su bloqueo”.
En el caso de la DGA, Mayorga señala que actualmente “los procesos se han hecho más extensos en virtud de solicitud de documentación, rechazo de los valores declarados y solicitud de más soportes para el trámite de importación, mismos que son redundantes y finalmente el importador debe recurrir a los recursos de ley para obtener una solución adecuada a la realidad de la importación sumado a la inaccesibilidad de los funcionarios”.
Y en el caso de los puestos fronterizos más problemáticos, Mayorga basado en información de los socios de la cámara menciona: Aduana Managua, Central de Carga Aérea y ocasionalmente Aduana Peñas Blancas y Corinto.
EL CALVARIO DE LAS MIPYME
A las micro, pequeñas y medianas empresas, al igual que a las grandes, también les retienen mercaderías, les atrasan la devolución de sus impuestos, sufren de retrasos en los servicios de tramitología o bien de aplicación errónea de las leyes fiscales, entre otros.
“Los más grandes evidentemente tienen menos problemas (con la DGI y la DGA) , estos recaen principalmente en los pequeños porque a la hora llegada no tenemos un contacto (en la institución) o una agencia (gestora de servicios) o algo así”, admite Alejandro Delgado, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), quien ve casi como una bendición el hecho que ahora “tienen un buen contacto con el Gobierno, que es el comandante Arce y que hemos venido resolviendo cada uno de los problemas que hay, que pasan en el día a día con algunos funcionarios”.
Además en el caso de devolución de impuestos dice que “gracias a Dios” ahora tienen un buen contacto en la DGI que atiende a las mipyme y les resuelve rápido los reclamos. Delgado reconoce que a un particular por sí solo le es difícil resolver una traba con algunas de esas entidades. Por eso como Conimipyme ayudan a cualquier empresa a llevar sus quejas ante el Gobierno y luego le invitan de forma voluntaria a integrarse a esta organización empresarial.
NO ES DINERO, ES CAPACIDAD
Para Arteaga la raíz del problema en la DGI es la falta de capacidad técnica y administrativa de dicha entidad.
El exfuncionario menciona que el problema es que el personal que durante años fue capacitado por organismos internacionales e inclusive el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, cuando llegó la administración sandinista en 2007 gran parte de este fue despedido.
Y por esa razón “vemos que el Gobierno no está recaudando todo lo que necesita para poder cubrir el Presupuesto” y por tanto ha enfocado su política recaudatoria en los tradicionales contribuyentes, poniéndole trabas para obtener de ellos más impuestos.
Arteaga coincide con Delgado en que también se encuentran los problemas de desconocimiento en la aplicación de leyes entre los funcionarios de ambas entidades. De hecho, Mayorga afirma que en el caso de la DGA “el personal es altamente inaccesible”.
LA CORRUPCIÓN, OTRO MAL
Pero detrás de todo Marvin Altamirano, presidente de la Asociación de Transportistas Nicaragüenses (ATN) y Delgado suman otro mal pendiente por combatir: la proliferación de la corrupción en los servicios fiscales, promovida por las instituciones recaudadoras y algunos empresarios, principalmente por el pago o cobro de sobornos para agilizar los procesos.
“Hay pegones porque algunos funcionarios (fiscales) abusan de la autoridad que le es delegada, entonces lo que hemos visto nosotros como sector es que todos los funcionarios que ponen en una responsabilidad donde nosotros tenemos que pasar o pedir un servicio de repente se hace como engorroso, aunque vos tengás el trámite bueno, que todo esté bien, hay que esperar por horas y de repente al final lo que están buscando es que les des dinero para sacarte (en las fronteras)”, afirma Altamirano, un mal que cree se extiende en casi todas las instituciones del Estado.
Por su lado, Delgado reconoce que también hay prácticas de algunos empresarios que siempre andan intentando evadir pago de impuestos y por eso devalúan los precios de las mercancías o bien buscan gente para pagar sobornos y agilizar los procesos. Esto, al final, según el representante gremial, ocasiona que se creen dudas en las autoridades fiscales y de ahí el origen de varias trabas, principalmente a los aduaneros.
Para Altamirano y Arteaga se requiere voluntad por parte del Gobierno para resolver de una vez por todas los problemas que aquejan a los dos principales recaudadores de impuestos y darle de una vez la eficiencia y fluidez que reclama el comercio.
LAS MEJORAS
Rosendo Mayorga, presidente de la CCSN, resalta que entre las mejorías que han obtenido en los últimos años por las negociaciones con el Gobierno figura en el caso de la DGI el servicio online; “vino a beneficiar a todos los contribuyentes, eliminando así las largas filas que tenían que enfrentar los contribuyentes cada mes sujetas a un horario establecido, ahora puedes enterar tus impuestos desde la comodidad de tu oficina y con horario hasta la medianoche cuando se vencen los tributos”, dice.
Además “cuando se dan cambios en aplicación de nuevos formatos, los videos tutoriales que presentan son de mucha utilidad para una mejor comprensión en su aplicación”.
En el caso de la DGA menciona la “organización en la recepción de documentación y discusión pública privada para la emisión de circulares técnicas y otras normativas en beneficio del sector”.
ESCÁNERES SIN EFECTO
Tanto la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua como la Cámara de Industrias coinciden en que pese al esfuerzo por modernizar las fronteras instalando escáneres, que empezaron a funcionar el 18 de enero, todavía no ven beneficios. ¿Ha agilizado el paso de mercancías el uso de escáneres en fronteras? “Por el momento no, pero estamos esperando sirvan para facilitar y agilizar los tramites de importaciones y exportaciones”, afirma Rodrigo Caldera, de Cadin.
