El exoficial de la Policía Nacional Erwin Antonio Jarquín Espinoza condenado a 15 años de prisión por violación agravada en perjuicio de una niña de 12 años con discapacidad, solicitó a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que anule la pena o bien que la disminuya, por supuesta falta de pruebas.
Jarquín estaba asignado a la seguridad personal que resguarda la casa presidencial, en residencial El Carmen en Managua.
Según el condenado no existen pruebas para su condena, por lo que pide se estudie su caso y reviertan el fallo de culpabilidad o que le disminuyan la pena.
El expolicía fue condenado junto a Timerson Parrales y Walter Telléz, otros ex oficiales asignados a la misma unidad de seguridad que resguarda la secretaria del Frente Sandinista, desde donde despacha el presidente inconstitucional Daniel Ortega.
FISCALÍA SE OPUSO
Timerson Parrales fue condenado a 15 años por violación agravada, mientras que el exoficial Walter Téllez fue condenado a 12 años por abuso sexual contra la misma niña.
La Fiscalía se opuso a la petición del condenado y pidió a los magistrados que confirmen la sentencia condenatoria, por considerar que la culpabilidad de Jarquín quedó demostrada en juicio oral y público.
Los hechos acusados y probados por la Fiscalía ocurrieron el pasado 9 de agosto del 2012, entre las 7:00 p.m y las 2:00 a.m del día siguiente, en el costado este del parque El Carmen. La niña estaba afuera, en la calle jugando con su mascota, a unos pasos de su casa bañándose bajo la lluvia.
Los policías pasaron, “le agarraron el perro, la metieron al vehículo, le taparon la boca, la encañonaron y se la llevaron al punto donde la violaron, que es a 30 metros de la casa presidencial”, narró en su momento el papá de la víctima.
2012 fue el año en que ocurrieron los hechos en el parque El Carmen, ubicado en el residencial del mismo nombre, pero los tres exoficiales procesados fueron condenados en enero del 2013.
VÍCTIMA TIENE DISCAPACIDAD
L a fiscal Denise Maltez presentó pruebas testificales, periciales y documentales durante el juicio. Entre los principales testigos estaba la víctima y su papá.
Mientras que en la periciales estaban las valoraciones médicas de la menor, tanto el informe físico como el psicológico.
Los médicos forenses que atendieron a la víctima en el Instituto de Medicina Legal (IML) determinaron que la menor tiene discapacidad por déficit neurocognitivo y epilepsia generalizada tipo ausente. Esto indica que su edad biológica no concuerda con su desarrollo cerebral.
También se ofreció las pruebas documentales en las que se indica que los condenados eran oficiales de Policía, un rol de turno y un croquis donde sucedieron los hechos.
