El presidente de EE. UU., Barack Obama, anunciará hoy un paquete de medidas ejecutivas para controlar la venta de armas de fuego, entre las que destaca la obligatoriedad de que toda persona dedicada a este negocio se registre y obtenga una licencia federal. El decreto también incluirá recursos adicionales para salud mental y la contratación de agentes que deberán contar con el apoyo del Congreso.
Obama se reunió ayer en la Casa Blanca con la fiscal general del país, Loretta Lynch, y el director del FBI, James Comey, entre otros funcionarios y asesores, para recibir una serie de recomendaciones sobre cómo endurecer por decreto el control de la compra-venta de armas de fuego.
Una de las medidas clave del paquete es la que requiere que toda persona que haga negocio con la venta de armas se registre, obtenga una licencia federal y, por tanto, asuma la obligación de revisar los antecedentes criminales y de salud mental de sus compradores.
Lynch dijo que este mandato afecta a todos los que vendan armas de fuego, independientemente de si lo hacen en Internet, en una tienda o en ferias.
Hasta ahora, solo los vendedores con licencia federal estaban obligados a revisar los antecedentes, mientras que los que lo hacían en mercados informales —como ferias o Internet— esquivaban este mecanismo de control.
MULTAS Y CONDENAS
Para establecer si alguien es un vendedor de armas, el Gobierno tendrá en cuenta no solo cuántas vende, sino con qué frecuencia y si lo hace para lucrarse.
Quien venda sin la licencia federal podrá ser sentenciado hasta con cinco años de cárcel y una multa de hasta 250,000 dólares. Los vendedores también serán penalizados si no efectúan la pertinente revisión de antecedentes antes de concluir una venta.
Entre las nuevas medidas también se incluye la obligación de la revisión de antecedentes penales para las personas que intentan comprar armas de fuego de las más peligrosas a través de una sociedad fiduciaria o corporación.
Hasta ahora, un número creciente de individuos estaba recurriendo a este método para esquivar la revisión de antecedentes.
INACCIÓN DEL CONGRESO
El portavoz del presidente, Josh Earnest, subrayó que lo que Obama busca es que las armas no caigan en las manos incorrectas y quiso dejar claro que la acción presidencial “no absuelve” al Congreso de su responsabilidad de aprobar una ley con mayor alcance que reduzca las muertes por armas en el país, treinta mil anuales.
El mandatario toma estas medidas ante la inacción del Congreso sobre el asunto que, según ha reconocido, es la mayor frustración de su mandato, pero no podrá esquivar completamente la capacidad de bloqueo del legislativo, controlado por los republicanos.
El Congreso tendrá que aprobar la petición de Obama de nuevos fondos en el presupuesto del año fiscal 2017, que comienza el próximo 30 de septiembre, para la contratación de doscientos nuevos agentes e investigadores del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) para mejorar la aplicación de la legislación sobre armas.
MEJORAR REVISIONES
Asimismo, Obama quiere que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) contrate más de 230 examinadores y otro personal adicional para acelerar el proceso de las revisiones de antecedentes criminales.
Este aspecto es clave, defendió Lynch, al explicar que la ley actual establece que si la revisión tarda más de tres días el comprador puede adquirir el arma sin haberse determinado si es apto o no para poseer una.
La ATF ha establecido además un Centro de Investigación de Internet para perseguir el tráfico ilegal de armas de fuego en la red y prevé dedicar cuatro millones de dólares y personal adicional para reforzar la Red Nacional Integrada de Información Balística.
El decreto de Obama requiere además que el Congreso apruebe una partida de quinientos millones en nueva inversión para mejorar el acceso a los servicios de salud mental.
