A Yelka Ramírez no solo le mataron por confusión a dos hijos y una hermana la noche del 11 de julio del 2015 en el sector de Las Jagüitas en un frustrado operativo policial, también la golpearon y días después del infortunio el Gobierno le dio la espalda al punto que este lunes visitó el cementerio sin saber si le permitirían poner una placa a las tumbas.
Por esta circunstancia fue que su visita tuvo sentimientos encontrados. Por un lado el dolor de no poder verlos más y por otro la indignación por no tener un apoyo gubernamental, pese a que se lo prometieron cuando ocurrió la tragedia a través de la Policía Nacional y la Alcaldía de Managua.
Ramírez, quien a más de cinco meses de ocurrida la desgracia desconoce quién pagó por los servicio fúnebres en un camposanto privado de la ciudad, le puso las placas y no sabe si se las van a mandar a quitar porque ella no tiene los papeles de las fosas.
“Hemos andado con ese miedo que en cualquier momento sacan a nuestros hijos y a mi hermana y los van a ir a dejar a la casa de nosotros por falta de un papel que no lo tenemos, igual las placas, de hecho mañana (hoy) tengo que venir a ver si las placas están, pasado mañana, voy a seguir viniendo si las placas están o me las van a quitar”, dijo Ramírez.
Cuatro días después que se le dio santa sepultura a las tres víctimas fatales, la familia perjudicada perdió comunicación con Fidel Moreno, secretario general de la municipalidad y con la primera comisionada Aminta Granera, quien lloraba cuando le prometió una justicia que nunca llegó.
Ramírez ha ido en repetidas ocasiones a la oficinas de la Alcaldía y al edificio de Plaza El Sol, sede de la Policía Nacional, pero nadie la atiende.
POLICÍA IMPLICADA
La noche del 11 de julio del 2015 un grupo de policías disparó al carro en que viajaba Yelka Ramírez junto a su esposo, hermana e hijos, cuando venían de una vigilia cristiana
Los agentes mataron a dos niños y una mujer, Yelka, embaraza, la golpearon y patearon los cadáveres.
Fueron nueve policías los involucrados y tras un juicio rápido se determinó que sus penas de cárcel serían entre dos y once años. El capitán Zacarías Salgado, jefe de la operación, fue quien recibió más años de prisión.
