La Ley de Seguridad Soberana de la República de Nicaragua fue aprobada en su totalidad en el segundo día de su discusión, con la cual se legaliza un sistema nacional de coordinación militar que integra a todas las instituciones del Estado, con el fin de investigar amenazas y riesgo a la seguridad soberana.
Sin embargo, esta iniciativa es considerada por expertos en seguridad y organizaciones a la sociedad civil como un retroceso a la Seguridad del Estado de los ochenta, con lo cual el Gobierno quiere tener mayor control e impedir protestas sociales e imponer un estado militar.
Algunos de los cuestionamientos reiterados a esta Ley es la ambigüedad de algunos establecimientos que quedan abiertos a la interpretación y a la discrecionalidad, según los críticos.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), única organización no gubernamental invitada a la consulta del proceso de Ley, hizo estos señalamientos, sugiriendo una redacción más clara y específica de los riesgos y amenazas a la seguridad soberana.
En la sesión, el jefe de la bancada del gobernante FSLN, Edwin Castro, hizo tres mociones retomando las sugerencias del Cosep, sin embargo, no fue retomado que se especificará las amenazas y riesgos sin que diga » y otros», lo cual fue señalado como una ambigüedad por el Cosep.
Los diputados del Partido Liberal Independiente (PLI), no estuvieron presentes en la aprobación particular, pero ayer en la aprobación general, la bancada Alianza PLI votó en contra.
