Para el especialista en Defensa y Seguridad, Roberto Cajina, la propuesta de iniciativa de reforma que amplía las detenciones de 48 horas hasta sesenta días, previas al proceso judicial, no tiene nada que ver con la capacidad o eficiencia de la Policía Nacional, sino con cerrar el círculo de presión contra las personas que protestan contra el Gobierno.
“Esa ampliación de cárcel no será para delitos comunes sino para delitos políticos o contra las personas que protesten contra los planes de (Daniel) Ortega. Incluso esos sesenta días los ocuparán para inventar cargos”, expresó Cajina.
La Policía se ha destacado por ser eficiente para actividades y planes del Gobierno, pero no para proteger o brindar seguridad a la ciudadanía, agregó el especialista en temas de seguridad.
NEUTRALIZA PROTESTAS
En el mismo sentido, Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dijo que la reforma va dirigida a “preparar un sistema penal para el enemigo, es decir, ¡quién está contra mí, va preso!”
“Esta iniciativa de reforma sella el Estado policíaco. Recetan cárcel a quienes consideren hostiles al régimen. Quieren sacar de circulación a las personas que hacen ciudadanía, sacarlos domados de la prisión, para que no vuelvan a las calles a protestar”, dijo Carrión.
Además, agregó el promotor de derechos humanos: “Quieren facilitar a la Policía que en nombre del régimen eche preso a diestra y siniestra a la gente”.
Al respecto, José Pallais, ex viceministro de Gobernación, considera que con este intento el Gobierno de Daniel Ortega está preparándose para una represión generalizada. “Se está blindando para poder reprimir y para neutralizar a la oposición, neutralizar cualquier protesta, estamos entrando a la etapa más dura de la dictadura”, recalcó el también exdiputado.
La propuesta de encarcelar a la gente investigada hasta por sesenta días previo a la audiencia es contradictoria a la iniciativa de descongestionar las cárceles.
Pallais preguntó si el Gobierno prepara un segundo o tercer piso para El Chipote, porque habrá un mayor hacinamiento de esas celdas, pues a estos detenidos no los enviarán al Sistema Penitenciario Nacional (SPN), sino a las prisiones preventivas, supuso.
“NO ES SOLO AGREGAR”
Para abogados litigantes, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben aclarar muchos puntos, en caso que decidan violar la Constitución y decidan ampliar las 48 horas de investigación a través del Código Procesal Penal.
Según el penalista Álvaro García, se debe dejar claro en calidad de qué estará el ciudadano detenido por sesenta días y dónde estará recluido ese tiempo, qué tipo de régimen carcelario tendrá y cómo garantizará su comunicación con su abogado y familiares y se termine el boleo del paradero del investigado.
“La Policía tendrá en sus manos la posibilidad de violar todas las garantías constitucionales del ciudadano y alguien debe responder. Deben ser claros en qué tipo de delitos se hará esto, aunque para todos es violatorio”, recalcó García.
Para Silvia Sánchez, exfiscal, los magistrados no solo tendrían que introducir un nuevo artículo que permita al juez ampliar el plazo para investigar, sino reformar los principios del CPP y aclarar dónde inicia el proceso, porque la ampliación de la investigación debe ser oral y pública y con todas las partes presentes.
“Ese tiempo que el investigado está preso tiene que computarse a su favor, porque es una prisión preventiva y no puede estar divorciado del resto del cómputo del proceso, eso también debe aclarar”, dijo Sánchez.
(Colaboración: Elízabeth Romero).
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