Por su baja estatura y su rostro curtido por el diario bregar bajo el ardiente sol de La Fonseca, Nueva Guinea, hay una campesina que se distingue entre los miles que han marchado, una y otra vez, contra el Canal: se trata de la ejemplar Francisca Ramírez Torres, campesina, empresaria y lideresa del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía Nacional.
Todo el país conoció más sobre esta diminuta gran mujer el pasado domingo, en sendas entrevistas publicadas en el Diario LA PRENSA y en el programa televisivo Esta Semana y debo admitir que, al igual que muchos nicaragüenses cuyas opiniones de admiración fueron vertidas en los medios y en las redes sociales, quedé gratamente impresionado.
Doña Francisca o doña Chica, como cariñosamente le llaman los campesinos de Nueva Guinea, nos da un ejemplo poco común de trabajo, empeño y superación de la pobreza extrema. Trabaja desde los 8 años cuando su padre abandonó su hogar y como ella era la mayor, se hizo cargo de 5 hermanos menores mientras su mamá trabajaba como doméstica.
Madre de 4 hijos propios, más 5 de su esposo, para un total de 9, con 25 años de arduo trabajo diario se transformó en una empresaria exitosa que ahora tiene dos fincas, una de 70 manzanas y otra de 116; camiones, un acopio y una distribuidora de granos básicos que se producen en las fértiles tierras de la Región Autónoma del Caribe Sur.
Doña Francisca podría quedarse tranquila en su casa y no arriesgarlo todo por una causa en la que cree fervientemente. Pero no lo hace, ella representa a miles de campesinos que se han opuesto a la construcción del Canal porque serán desarraigados de sus tierras.
Quienes pensaban que con “cuentos chinos” les iban a dar atol con el dedo a estos campesinos que como doña Francisca, con costo saben leer, se equivocaron. La poca educación de esta menuda señora de facciones indígenas le permite leer lo que a todas a luces aparece en todo el articulado de la Ley 840 y es que el Estado de Nicaragua asume todas las obligaciones, entrega todo a cambio de nada, territorio y reservas, mientras el empresario Wang Jing únicamente debe “procurar” cumplir con entregar al Estado unas migajas de beneficios económicos al cabo de los primeros 10 años en operación del Canal.
Como bien señala dramáticamente doña Francisca: “Lo triste para mí fue cuando conocí la Ley 840, porque me desampara, me quita todo lo que he trabajado día y noche por salir adelante y fue mi decepción y mi indignación más grande cuando me puse a leerla. He trabajado 25 años día y noche, sin ver horarios, solo por dejarle un futuro a mis hijos y hoy que un gobierno tome una decisión sin tomarme en cuenta, sin ver de dónde queda mi trabajo y mi esfuerzo”.
Quienes pensaron que los campesinos no leerían la Ley, se equivocaron: “Yo he leído la Ley 840 y tiene 25 artículos y en esos 25 artículos no he visto ningún beneficio para los nicaragüenses. Va a ser beneficioso para las empresas y el gran capital, pero para los pobres de Nicaragua, no. Hemos visto que la Ley 840 es un error, porque nos quita los derechos a los nicaragüenses para dárselos a un extranjero”.
En efecto, la ley es de una sola cara: no existe ninguna sanción por incumplimiento para el empresario Wang Jing. Por ejemplo: por dejar una inmensa zanja abierta partiendo en dos el territorio nacional, sin que pase un barco, en el peor escenario.
Un gobernante que dice que gobierna para todos los nicaragüenses, a quienes metafóricamente llama “el pueblo presidente”, debería escuchar seriamente la voz de su pueblo como doña Francisca.
No obstante, la semana pasada el Gobierno dio a conocer lo que un diario local alegremente tituló “dan luz verde para el canal”, al aprobar oficialmente el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) de la consultora británica Environmental
Management Resourses (EMR), el cual hasta ahora en sus 14 tomos es del conocimiento y escrutinio público.
O sea, puso la carreta delante de los bueyes: primero lo aprueba y después consulta.
El autor es diputado de la Bancada Alianza PLI y Presidente de la Comisión de Turismo
