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Carlos Emilio López, diputado. LA PRENSA/ M. ESQUIVEL

Envían a comisión Ley de Seguridad

La Ley de Seguridad Soberana con la cual el gobierno pretende instaurar un régimen como el de la seguridad del estado, avanzó un escalafón más en la Asamblea Nacional. Este miércoles los diputados oficialistas la enviaron a dos comisiones.

La Ley de Seguridad Soberana con la cual el gobierno pretende instaurar un régimen como el de la seguridad del estado, avanzó un escalafón más en la Asamblea Nacional. Este miércoles los diputados oficialistas la enviaron a dos comisiones.

Esta propuesta, introducida el 12 de octubre por el presidente inconstitucional Daniel Ortega, será consultada por dos comisiones: la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, presidida por el diputado del Partido Liberal Independiente (PLI), Luis Callejas; y por la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, presidida por la diputada del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Irma Dávila.

POLÉMICA DE LA LEY

La iniciativa de ley, que deroga la Ley de Seguridad Democrática (750), ha generado temor y preocupación entre juristas, políticos, organismos de análisis de políticas públicas, periodistas y activistas de la sociedad civil y los derechos humanos, porque la asocian con los órganos de seguridad y represión como la Oficina de Seguridad Nacional durante la dictadura de la familia Somoza y la Seguridad del Estado durante los ochenta, bajo el primer régimen sandinista.

El exdiputado y expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea, José Pallais Arana, hizo un análisis de la iniciativa destacando que con la sustitución de Seguridad Democrática por Seguridad Soberana, “se abandona la visión integral de seguridad que desarrolla la seguridad democrática (…), acogiendo un concepto impreciso e insuficientemente como es el de seguridad soberana”.

“ENEMIGOS INTERNOS”

El exdiputado explicó que la Ley 750 “contemplaba únicamente el conflicto armado internacional, pero en la nueva ley se habla de conflictos en general y estos pueden ser internos, de naturaleza social, política o armados”.

Pallais afirma que lo anterior “vuelve al concepto de seguridad nacional, que contempla la existencia de enemigos internos, contrariando el concepto de Seguridad Ciudadana en el que todos somos ciudadanos con derecho a tener igual protección”.

LA LETRA BONITA

Para Pallais, la interpretación de esto es que “para merecer protección debemos aliarnos con el Gobierno, el Ejército y la Policía, instituciones al servicio y para la protección de sus aliados, rompiendo el principio de igualdad ante la Ley”.

Pallais afirma que “por muy bonitas o bien redactadas que estén las prohibiciones, sin verdaderos mecanismos de control se vuelven letra muerta”, en clara alusión al artículo 13 de la propuesta, donde se prohíbe: ejercer espionaje político, no realizar uso de fuerza o intimidación para recolectar información, no interceptar comunicaciones sin autorización judicial competente, ni transgredir derechos humanos y garantías constitucionales.

EN DEFENSA DE LA LEY

El diputado sandinista y miembro de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, Carlos Emilio López, defendió la iniciativa de Ley de Seguridad Soberana, explicando que todo lo que aparece en esta propuesta ya está establecido en la legislación penal y en la Constitución Política, y que su creación es parte del proceso de armonización con las reformas constitucionales aprobadas en febrero de 2014.

“Estamos ajustando la Ley de Seguridad Soberana a los preceptos constitucionales de crear gobernabilidad desde un punto de vista de conceptos nacionales”, manifestó López.

El diputado agregó que la necesidad de crear esta nueva ley “es (para) fortalecer el modelo de alianza entre el Gobierno, los empresarios, los trabajadores, la familia y la comunidad”.

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