La familia del campesino Balbino Pastora denunció desde la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que la Alcaldía de San Isidro, Matagalpa, se apropió de un pedazo de su propiedad.
El funcionario de la CPDH, Denis Darce, calificó esta acción como “una confiscación arbitraria” de un pedazo de propiedad, justamente donde está la vertiente de agua de la cual se abastecen.
La denuncia indica que sin buscar ningún tipo de acuerdo con Pastora, la Alcaldía no solo le quitó el pedazo de tierra al campesino, sino que también la posibilidad de que el denunciante tuviera acceso al agua, “violentando el derecho a la vida”, afirmó Darce.
Yosaira Pastora dijo que son 14 familias las que quedaron sin agua, por lo cual los niños no pueden ser enviados a la escuela porque carecen de agua tanto para beber como para bañarse.
El lugar quedó “totalmente sellado, con candado y piedras que uno no puede agarrar agua”, denunció Yosaira Pastora, quien manifestó que el lugar es custodiado por la Policía.
Por su parte, Darce expresó que visitaron el lugar donde verificaron la denuncia de Pastora, constatando la existencia del cerco en el acceso al pozo.
“Desde hace dos meses llegaron y me cerraron”, denunció el campesino, quien manifestó que el pedazo de tierra que le despojaron fue de unas setenta varas, pero es el punto que a su criterio le da valor a su propiedad pues es donde está el ojo de agua. “Ando reclamando mi derecho”, manifestó Pastora.
Darce recordó que la Constitución Política de la República de Nicaragua establece como derecho fundamental el derecho al agua y el respeto a la propiedad privada, además desde 1987 están prohibidas las confiscaciones.
“Y se estableció que cuando fuera de interés social, debería negociarse con el propietario del bien que sería afectado y ofrecerle una indemnización”, apuntó el funcionario de la CPDH.
Al tiempo que recordó que la Ley 620, Ley general del Agua, establece que el agua es un recurso humano y su acceso debe ser facilitado por el Estado.
