Las autoridades no dijeron todo sobre la matanza, el 16 de agosto pasado, de cinco policías en una comarca rural de Bluefields, en el remoto Caribe Sur de Nicaragua.
Lea el reportaje: 30 minutos después los fusiles callaron
Después del homenaje tributado en la capital a los fallecidos, la primera comisionada Aminta Granera culpó a la “banda delincuencial ‘El Chofer’”.
Tres campesinos fueron apresados la madrugada del 25 de agosto y los declararon culpables el viernes 23 de octubre de 2015. Sin embargo, los testimonios recabados en el sitio del crimen señalan que en la zona nadie conoce esa agrupación, dan fe del buen comportamiento de dos de los indiciados y, contrario al discurso oficial, se entiende que los responsables son alzados contra el gobierno de Daniel Ortega.
Si bien los acusados de ejecutar el crimen, Sotero Reyes y Juan de Dios Rodríguez, aceptaron en Managua que armados recorren la zona y Carlos García incluso aseguró que fue obligado por ellos a acompañarlos el día del crimen, lo más revelador se encuentra en legajos de documentos judiciales en la Región Autónoma del Caribe Sur (RACS), donde procesan a la banda “El Chofer”.
En el expediente en Nueva Guinea se menciona que el grupo acusado por Granera se relaciona con otra agrupación, que en el informe califican de delincuencial, pero admiten que sus miembros intentan convencer a la población de que se les sumen, alegando motivos políticos.
Uno de los testigos in situ confirmó en una entrevista que el día del asesinato los armados al irse dijeron: “¡No culpen a nadie, somos la Contra!”
El Gobierno ha calificado desde 2010 como “delincuentes comunes” a estos grupos, aunque en los últimos años el Ejército y la Policía han protagonizado operativos en que han resultado eliminados autodenominados cabecillas, y ejecuciones extrajudiciales documentadas por organismos de derechos humanos.
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