La Defensoría Pública mantiene que nueva normativa para regular el servicio gratuito de defensa es para llegar a los más necesitados, como manda la Ley, por tanto no viola ningún derecho constitucional a la defensa, sostuvo Clarisa Ibarra, directora nacional de esta institución adscrita a la Corte Suprema de Justicia.
Ibarra también aclaró que no se dejará a nadie en indefensión, porque en casos de audiencias penales en los que los términos son fatales se asumirá la defensa y luego se estudiará con detalles si se le mantendrá el servicio gratuito o se abandona, al comprobar la capacidad de pago del acusado.
“Nosotros no vamos a vulnerar derechos de los privados de libertad, les prestaremos el servicio bajo posterior revisión de la situación económica. Lo que no habíamos incluido, porque esto es un pilotaje y lo estamos revisando a diario, es cómo se trabajará en los turnos de fin de semana y en los feriados, pero ya lo miraremos”, dijo la funcionaria.
POCAS DENEGACIONES
Con la nueva normativa, la Defensoría ya no representará gratuitamente a personas acusadas de terrorismo, tráfico de migrantes, trata de personas, delitos sexuales contra niños y adolescentes, narcotráfico, lavado de dinero, entre otros delitos contemplados en el artículo 16 del Código Penal vigente, conocidos también como delitos contra la política de Estado.
Esta normativa entró en vigencia el pasado 29 de septiembre y desde entonces solo se han recibido 19 solicitudes de defensa gratuita para personas acusadas de delitos vedados y de estas solo una se ha negado porque era para un acusado de transporte internacional de droga, detalló la funcionaria pública.
Ibarra también agregó que ante la negación del servicio, el usuario tiene el derecho al recurso de revisión y de apelación. “Estos se están resolviendo en 24 horas, aunque la Ley establece un máximo de 3 y 15 días, respectivamente, porque en materia penal los términos son fatales”, dijo Ibarra.
La directora también expresó que existe un investigador en Defensoría para indagar los casos en los que hay dudas para prestar el servicio gratuito de defensa.
Ahora para gozar de asistencia legal gratuita, las personas deberán hacer una solicitud verbal o escrita ante el director de la Defensoría Pública, llenando una serie de requisitos, entre estos ingresos mensuales o salario, el cual debe ser inferior a seiscientos dólares o su equivalente en córdobas.
Otros criterios a tomar en cuenta son el desempleo, las necesidades básicas insatisfechas como acceso a agua potable, energía, vivienda y otros.
PROCESO DE MODERNIZACIÓN
La doctora Clariza Ibarra, directora de la Defensoría Pública, explicó que tanto la normativa para regular el servicio gratuito de esa institución como la creación de tres nuevas ventanillas de acceso al público y la ampliación a un año de las pasantías de los estudiantes de Derecho de las universidades públicas son parte del proceso de modernización de la institución de cara a mejorar el servicio.
“Los estudiantes de Derecho ahora ya no harán 450 horas de pasantías por la Defensoría, ahora harán un año y podrán ser ubicados en cualquiera de las 18 delegaciones de esta institución adscrita a la Corte Suprema de Justicia”, dijo Ibarra.
Dos de las nuevas ventanillas creadas son de atención al público, la tercera es de correspondencia interna.
98 defensores públicos atienden todo el departamento de Managua con sus nueve municipios. De estos 46 están asignados en los Juzgados Penales de la capital y 24 en los Juzgados de Familia.
Ver en la versión impresa las páginas: 4 A
