Los exdiputados Mónica Baltodano y José Pallais opinan que el presidente inconstitucional, Daniel Ortega, al suspender la concesión minera en el municipio de Rancho Grande, Matagalpa, evidenció que no puede enfrentar a la vez diferentes frentes de movilización social contra sus políticas.
Para ambos, no es creíble que el Gobierno tenga razones técnicas y ambientales para suspender la concesión minera, sino que fue para sofocar uno de los frentes de movilización social como contra la construcción del Gran Canal, la violencia en Waspam, las protestas en la Mina El Limón y en Chichigalpa en Occidente.
Baltodano, exguerrillera sandinista, dice que el interés de Ortega fue bajar la presión social en un escenario preelectoral en la zona donde el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional tiene dominio.
Indica que las marchas y protestas de la población en distintos puntos del país “genera una situación que no le ayuda a Ortega electoralmente”.
“El factor fundamental que determinó que se haya parado la concesión es la correlación de fuerza que desplegó la comunidad, no con la última marcha, sino los últimos años que se han expresado en contra de la minería”, afirma Baltodano.
Advierte sí que mientras el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no publique la derogación del decreto de concesión minera en Rancho Grande no hay nada en firme, porque jurídicamente el término suspensión “es confuso”.
Baltodano indica que hay cierta afectación en la relación con los inversionistas, pero Pallais no ve mayor daño al recordar que B2Gold tiene más inversiones en el país “que le rinden grandes utilidades”.
“La razón política es que Ortega vio y se asustó de la capacidad de movilización de la población de Rancho Grande, y desde luego en este escenario que se le pone cada vez más difícil, no quiso que se le rompiera otro punto de confrontación y tener que recurrir a la represión”, analiza Pallais.
05 solicitudes de concesiones de exploración y explotación de yacimiento mineros en Rancho Grande y otros municipios de Matagalpa existen en el Ministerio de Minas , según el Centro Humboldt.
