La madre y esposa de dos dirigentes de la Asociación de Enfermos de Insuficiencia Renal Crónica (IRC), en Chichigalpa, acompañadas de defensores de derechos humanos demandaron en El Chipote información sobre sus parientes, pero la Policía negó que estén en ese lugar.
María Peña Chávez y Aura Campos denunciaron ayer en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la captura de María Lissette Molina y Luis Roberto Nicoya, secretaria y presidente del la asociación.
Aunque en Chichigalpa un grupo de afectados por insuficiencia renal que marcharon por las calles de esa localidad para demandar la libertad de los detenidos, aseguran que los arrestados son 21, en Managua, el asesor legal de la CPDH, Pablo Cuevas, indicó que ya van 54, que según las denunciantes, han sido conducidos a diversas delegaciones en Chinandega y a El Chipote, en Managua.
Cuevas, que recibió la denuncia, también señaló que ellas hablan de personas que se han infiltrado en sus protestas para tratar de desvirtuar los legítimos reclamos que ellos están haciendo.
Peña rechazó que los detenidos tengan alguna responsabilidad en los hechos vandálicos ocurridos la noche del miércoles, en Chichigalpa, pues su reclamo es pacífico.
Parece que hubo malas intenciones que se infiltraron personas que hicieron daños a la propiedad, dañaron una gasolinera, en la Alcaldía, y ahora culpan a los enfermos de eso, cosa que es falso porque un señor de 60, 65 y 70 años no va a estar dañando una gasolinera, dijo Peña.
Reconoció que los tranques han sido una manera de presión, pero no han habido daños a la propiedad; ahora dice la denunciante, les achacan el vandalismo y comienzan a perseguir a los directivos.
Sobre la captura de su hija y de Nicoya, Peña la calificó de ilegal pues no hay una orden judicial, y conoce además que hay amenazas de detención para el resto.
Cuevas recordó que los detenidos cumplieron 48 horas de arresto y que en una reciente reunión que sostuvieron representantes de la CPHD con la Policía, les señalaron el abuso que ha habido con mantenerlos encarcelados más allá de las 48 horas sin ponerles a la orden de un juez, así como los traslados fuera de su jurisdicción. Cuevas criticó el hecho de que este plantón (que terminó en disturbios) fue sugerido por el secretario político departamental (del FSLN), según lo relatado por las denunciantes.
Estamos observando con preocupación que ahora ante los reclamos que históricamente han venido haciendo los ciudadanos, las autoridades están deteniendo y judicializando a los líderes, apuntó Cuevas, quien recordó que los detenidos en este caso son personas enfermas.
El abogado Roberto Lira, indicó por su parte, que a nueve de los detenidos los acusan de alterar el orden público, parece que desean acusar de daños a la propiedad, daño agravado y no sé si también crimen organizado y obstrucción de funciones.
CUANTIOSAS PÉRDIDAS
Los disturbios, saqueo y destrucción de la gasolinera Petronic San Gabriel y la Alcaldía de Chichigalpa, la noche del miércoles, dejaron pérdidas cuantiosas. Lo saqueado en la tienda de la estación de Petronic asciende a doscientos mil dólares y los daños en la Alcaldía superan los cien mil dólares, según las autoridades. Ochocientos enfermos están organizados en la Asociación de Enfermos por Insuficiencia Renal Crónica (IRC). Freddy Castillo, quien marchó ayer, dijo que 240 chichigalpinos que padecen de la creatinina reciben tratamiento de hemodiálisis.
