Los registros académicos del Jardín Infantil María Montessori siguen bajo custodia del Ministerio de Educación (Mined), porque la única autoridad que puede reabrir este centro escolar, situado en Altamira, es la viceministra de Educación.
Así lo establece el Manual para el Funcionamiento de Centros Educativos Privados y Subvencionados del Mined. Por eso la decisión del Mined no ha cambiado pese a que la juez Alia Dominga Ampié se refirió esta semana a la reapertura del kínder.
El secretario general de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (Anden), José Antonio Zepeda, quien además formó parte de la comisión especial que decidió el cierre definitivo de este preescolar, dijo que aunque este centro educativo reabra sus puertas, lo hará sin el respaldo académico del Mined.
“Ella (la exdirectora Nelly Márquez de Alonso) puede abrirlo como un asesoramiento —como hay muchos— con clases a domicilio (o) como asesoramiento a las familias, pero si quiere funcionar de conformidad (a las leyes educativas) y que le sea reconocida por el establecimiento de Ley tiene que hacer el procedimiento y es el Ministerio de Educación que autoriza el funcionamiento y da las licencias para que funcionen los centros privados”, afirma Zepeda.
Según las reglas del Mined, Márquez de Alonso —condenada a seis meses de cárcel por causar lesiones psíquicas leves en perjuicio de una niña de 5 años— puede introducir un recurso de apelación ante el Mined para que la institución evalúe la reapertura del centro y “si cumple con todos los requisitos y hay un cumplimiento de las normas no hay por qué impedir a nadie”, dice Zepeda.
Márquez de Alonso saltó a la luz pública cuando dos videos, en los que aparecía maltratando a dos niños del kínder de Altamira, circularon en las redes sociales y el Mined decidió quitar la licencia a su centro escolar.
EL MARCO LEGAL
El artículo 151 del Manual para el Funcionamiento de Centros Educativos Privados y Subvencionados establece que “los libros de registro con sus respectivos archivos electrónicos serán custodiados por la Oficina de Registro y Control de Documentos de la Delegación Departamental correspondiente” al momento de la cancelación de la licencia.
Y una vez que la parte afectada introduzca el recurso de apelación ante el Mined, “la viceministra resolverá sobre el recurso de apelación”, según el artículo 150 de ese manual.
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