Una semana después de haber ordenado la liberación de cinco personas acusadas por abigeato, portación ilegal de armas de fuego y crimen organizado, la juez de Distrito Penal de Juicios de Rivas, Norma Castillo, decidió revocar su decisión y programó la continuación del juicio para el 16 de octubre.
Los familiares de los detenidos lamentaron que la Policía en Rivas esté haciendo hasta lo imposible para que estos no salgan libres, a pesar de que no han presentado ninguna prueba que demuestre que cometieron esos delitos.
Los acusados Santiago Ruiz, Fernando Uriel Cortez, Álvaro Antonio González, Crescencio González y Douglas José Castillo fueron capturados el 12 de junio, en la denominada Operación Jerónimo, y para entonces la Policía informó que buscaba a 18 integrantes de una banda dedicada al robo de ganado en la zona sur.
El plan se ejecutó en respuesta a la demanda de los ganaderos que denunciaron que ya no aguantaban las pérdidas por tanto robo de ganado, por lo que pidieron a la Policía una pronta respuesta.
Sin embargo de los ocho detenidos en esa ocasión, solo cinco fueron acusados por el Ministerio Público y remitidos a juicio oral y público y pese a que se habían hecho nueve audiencias de juicio, la parte acusadora nunca llevó los testigos que ofreció en el intercambio de información y pruebas.
De acuerdo con Gregoria Martínez, de 53 años, esposa de Santiago Ruiz, de 68 años, “las mismas víctimas que comparecieron al juicio (propietarios de ganado) dijeron que estos acusados nada tienen que ver con la pérdida de sus reses y la Policía no tiene pruebas ni cómo acusarlos”.
Martínez explicó que al mediodía del 30 de septiembre la juez de Distrito Penal de Juicios de Rivas, Norma Castillo, al ver que ya iban nueve audiencias de juicio y que habían pasado tres meses y el Ministerio Público nunca llevó las pruebas que ofreció, decretó la clausura anticipada del juicio y ordenó a la Policía poner en libertad a los cinco detenidos.
SIN FAMILIARES
Ponciano Tijerino, abogado de Crescencio y Álvaro González, refirió que el Ministerio Público no pudo probar su teoría y correctamente la juez Castillo decretó la clausura anticipada.
“Ahí estuvo presente el Ministerio Público y no interpuso ningún recurso de reposición antes de emitida la decisión de la juez y los artículos 273 y 274 del CPP establecen que los trámites para un recurso de reposición en una audiencia pública se hacen en la misma audiencia”, explicó.
La juez Castillo convocó ayer a una audiencia “pública”, en la que no fue permitida la entrada a los medios de comunicación ni a los familiares de los detenidos, admitió el recurso de reposición, decidió revocar las órdenes de libertad (que la Policía no cumplió) y programó la continuación del juicio para el 16 de octubre.
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