Los consumidores siguen desprotegidos. Lejos de venir a ser un respaldo para demandar sus derechos, la Ley 842 (Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias) y en especial la institución que debería velar por su cumplimiento, la Dirección General de Protección a los Derechos de las Personas Consumidoras o Usuarias (Diprodec) no ha tenido el resultado que se esperaba.
“¿Cuántos puestos han sido sancionados por propina voluntaria que te la incluyen en la factura? Ninguno. ¿Cuántos puestos han sido sancionados por el cobro en dólares, que es prohibido por la Ley? Ninguno, no hay sanciones, no hay avances”, menciona categóricamente Juan Carlos López, coordinador del Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor.
Esta semana ese centro presentará una propuesta de reforma a la Ley 842 que llena sus vacíos, tales como la inclusión de los servicios básicos, la conformación de una Procuraduría de los Consumidores, e incluir la supervisión a clínicas médicas previsionales, así como que se eduque a los consumidores y que la Diprodec cumpla con su tarea en la aplicación de la ley.
Según López, algunos de los vacíos de la Ley 842 sí estaban regulados en la antigua Ley de Defensa a los Consumidores (182), la cual fue derogada.
“Había posibilidades donde las personas podían establecer reclamos de servicios públicos, energía eléctrica, agua potable o telecomunicaciones, a veces algún cargo de transporte. En los casos donde los entes reguladores no estaban siendo efectivos con los procesos y estaban fallando en contra de los usuarios vos tenías una disposición legal y podías someter tus procedimientos o tus reclamos ante la Dirección de Defensa de los Consumidores”, explicó López.
FALTA DE VOLUNTAD GUBERNAMENTAL
Para el diputado de la Bancada Alianza Partido Liberal Independiente (Bapli), Eliseo Núñez, la Ley 842 básicamente funciona para controlar a los vendedores de línea blanca, dejando al resto de los grandes negocios pocos controlados y dándoles ventaja frente al consumidor.
En el caso del presupuesto destinado a la Diprodec, el parlamentario señala que “lo que le asignan es correspondiente a la falta de voluntad que ha tenido el Gobierno en la protección a los consumidores”.
El año pasado el presupuesto destinado a la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en el Ministerio de Finanzas (Mific) fue de 6.19 millones de córdobas y para este año fue 9.94 millones, un aumento de 60.51 por ciento, todos destinados para gasto corriente.
No obstante no se han abierto más oficinas de la Diprodec que la ubicada en las oficinas del Mific, contiguo a Metrocentro, un pequeño cuarto donde casi nunca permanece alguien y el usuario tiene que esperar horas para ser atendido, razón por la cual muchas personas descartan ir a iniciar un reclamo, pues además denuncian que son burocráticos en los procesos.
SIN AUMENTO
En comparación con el presupuesto total destinado al Mific, el año pasado fue asignado el 1.78 por ciento para la defensa de los consumidores y este año el 4.62 por ciento, provocado en parte por la reducción del presupuesto global del Mific en 38.1 por ciento. “La incompetencia de las entidades gubernamentales es tal, que hemos llegado al punto en que casi da lo mismo que se les otorguen mayores o menores recursos”, afirma el economista y también diputado de la Bapli, Enrique Sáenz.
“Este es uno de los casos en que lo mismo da que se le aumente o no en el presupuesto, porque por lo que se ve, esa instancia no cumple ninguna función en beneficio de los consumidores. Si se les aumentaran los recursos con toda seguridad aumentaría la burocracia, pero no mejoraría la eficacia”, aseveró el diputado.
PROPUESTAS DE REFORMA
El Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor llevará un proceso de consulta ante la población en los mercados, universidades, empresas privadas y sectores gremiales para validar los aspectos que señalan necesarios a incluirse en la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias. El organismo solicita establecer un departamento de asesorías al consumidor e información, además que haya atención a denuncias de afectados por malos servicios en la educación privada que incluya reclamos de aranceles o abusos comerciales.
Según la propuesta es urgente la revisión de los casos de denuncia en telecomunicaciones, específicamente en los servicios de contratos nominales de adhesión.
Dado los problemas de personas que han sido afectadas en sus viviendas y no han obtenido respuestas de entidades bancarias, aseguradoras ni urbanizadoras, la reforma incluye la intervención en el sector, pues señalan que el Instituto de Vivienda Urbana y Rural (Invur) no ha buscado sancionar a las empresas de construcción y urbanización.
En el caso de la salud, la reforma señala que se deben intervenir en los casos de negligencia médica en la atención privada y pública.
CAMBIOS NECESARIOS EN LA DIPRODEC
En cuanto al órgano de regulación y destinado a velar por el cumplimiento de la ley, la Diprodec, la reforma menciona que el funcionamiento y atención en un departamento no es suficiente y urge una Superintendencia del Consumidor o una Procuraduría del Consumidor.
En el caso de la posible creación de una Procuraduría del Consumidor, a través de la reforma se solicita que sea de parte de la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o bien se incluya a través de una reforma la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del poder ejecutivo (290).
La propuesta de reforma a la Ley 842 menciona que es necesario mejorar los procedimientos legales de quejas, demandas y denuncias de forma más expedita, además solicitan aumentar los modelos de sanciones y creaciones de comisiones especiales.
PROBLEMA ES DE EDUCACIÓN
Para Marvin Pomares, director del Instituto de Defensa al Consumidor (Indec), la Ley 842 es “excelente”, y lo necesario es la educación a los consumidores sobre el contenido de esta y menciona que este es el trabajo en el que se ha enfocado la organización que coordina.
Pomares resalta que lo que crea la insatisfacción en la población es que los entes reguladores no cumplen con la norma en lo que a defensa de los consumidores se refiere.
“En la Diprodec la gente ve que no hace nada y según la ley es un ente que debe hacer que se cumpla lo que está ahí. La Diprodec no quiere ni recepcionar casos”, señaló Pomares.
El director del Indec no está de acuerdo con que se le asignen más fondos a la Diprodec, pues también califica como deficiente su trabajo en estos dos años. “Si así como está que solo trabaja en Managua no puede con la carga, aunque le den el presupuesto que le den, no va a funcionar”, enfatizó.
URGE AUTONOMÍA
Para el diputado Eliseo Núñez es necesario que se separe la Diprodec del Mific para que sea un ente autónomo. “Nosotros (Bapli) incluso le propusimos (al plenario) que se creara una Procuraduría del Consumidor, es decir, que se separara quién decidía si el consumidor tenía razón del que representara al consumidor. ¿Qué es lo que sucede? Vos tenés a la Diprodec, pero necesitás abogados especialistas en derecho del consumidor para acceder a ellos y el Estado no te los provee”, explicó.
El argumento con que se respondió a la propuesta de la Bapli hace dos años es que cumplir con la Procuraduría era demasiada carga y que era mejor mantener la Diprodec dentro del Mific.
SIN ESTADÍSTICAS
Desde que está vigente la Ley 842 ya no se ofrecen estadísticas en los entes reguladores sobre casos resueltos a favor o en contra de los consumidores, afirma el especialista en derecho de los consumidores Juan Carlos López. “El INE (Instituto Nicaragüense de Energía) antes tenía una base de datos donde vos podías entrar y mirabas cuántos reclamos se estaban atendiendo administrativamente, desde el 2013 ya no hay estadísticas. Ni Telcor ha actualizado y el agua potable está en la misma situación”, refirió.
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