En Nicaragua el ingreso anual per cápita del 20 por ciento de las familias más pobres es 12,197 veces menor que el que obtiene un ultrarrico, alertó Oxfam en el estudio Privilegios que niegan derechos, en el que menciona que en el país hay 210 personas con fortuna igual o mayor de treinta millones de dólares cada una.
Tal es la desigualdad en Nicaragua que, según Oxfam, los treinta mil millones de dólares en manos de estos 210 ultrarricos representa 76 veces lo que se destina para el gasto público en educación, la proporción más elevada a nivel de América Latina y el Caribe.
En Honduras, la segunda nación con más ricos en el istmo, la fortuna de sus multimillonarios es equivalente a 27 veces la inversión pública en educación.
En tanto, si la fortuna de los multimillonarios nicaragüenses se destinara al gasto en salud, este crecería 59 veces, muy por encima de la media en Latinoamérica y el Caribe. Según cálculos del organismo, la riqueza de los 14,805 multimillonarios de la región es ocho veces lo que se destina en salud.
“La brecha entre los más ricos y los que menos tienen es escandalosa”, alerta el organismo en su estudio regional.
Simon Ticehurst, director regional de Oxfam en América Latina y el Caribe, afirma en el prólogo de la investigación: “En Oxfam creemos que solo democracias secuestradas pueden permitir los niveles de desigualdad que exhibe nuestra región. Élites políticas y económicas que influyen en el manejo de las políticas de los Estados, instalando políticas que no benefician a la mayoría pero que son efectivas para maximizar los beneficios y ganancias para unos pocos privilegiados, negando los derechos de muchos. Y los medios a todos nos suenan tristemente conocidos: tráfico de influencias, lobby ilegítimo, corrupción en contratos públicos, clientelismo, compra de votos, concentración de medios de comunicación”.
De hecho, según la investigación, citando cifras del Reporte de Riqueza 2014 de Wealth-X y UBS en 2014, en 2013 en Nicaragua el número de multimillonarios creció 11.1 por ciento, el tercero más alto de la región. En Chile, una de las economías más pujantes del hemisferio, este segmento poblacional repuntó 15.4 por ciento y en Bolivia 20 por ciento, las tasas de crecimiento más altas de la región.
En Chile, no obstante, la fortuna de 75,000 millones de dólares está en poder de 515 personas.
EXONERACIONES A CAMBIO DE “ALIANZA ESTRATÉGICA”
Entre las críticas que recoge Oxfam en su investigación es el peso que las exoneraciones tienen en Nicaragua como porcentaje del PIB. Las élites empresariales en Nicaragua “no solo han trabajado para crear o ampliar los privilegios fiscales, sino también para bloquear su eliminación”, cuestiona el organismo.
Y añade: “La élite empresarial consiguió vencer las posiciones del FMI (Fondo Monetario Internacional) y adaptarse a los vaivenes políticos negociando con cada gobierno tanto liberal como de corte izquierdista. ‘Esto ilustra cómo, con el objetivo de maximizar ganancias no solo gana la élite económica ( ), el Gobierno ha mantenido los tratamientos fiscales especiales, para con ello mantener una alianza estratégica con el gran capital’”.
Lo más alarmante, según Oxfam, es que mientras el sector privado obtiene exoneraciones que representa un nueve por ciento del PIB, por el otro lado los asalariados deben soportar una carga tributaria pesada.
“En dicho país podríamos tener a un trabajador con un ingreso neto mensual por salario equivalente a 2,000 dólares que debe soportar una carga tributaria del 19 por ciento conforme a la tarifa progresiva; mientras, otra persona que recibe este mismo nivel de ingreso pero por concepto de intereses por inversiones realizadas estará sujeto a un gravamen definitivo del IR del 10 por ciento”, ejemplifica, agregando que esa desigualdad se consolidó con la aprobación de la Ley de Concertación Tributaria en 2012.
Citando datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el gasto tributario en Nicaragua fue equivalente al 9.3 por ciento del PIB entre 2004 y 2012, el más alto comparado con el resto de Centroamérica. Los incentivos fiscales en Honduras oscilan entre el 6 y 10 por ciento del PIB; en Guatemala el 4.3 por ciento; en Costa Rica entre el 3 y 4 por ciento; y en El Salvador llegan a ser del 5 por ciento.
CRECIMIENTO NO LLEGA A POBRES
¿Cómo se explica que en la segunda nación más pobre de América Latina la riqueza de los más pudientes crezca con mayor velocidad? El economista Sergio Santamaría considera que la creciente desigualdad en Nicaragua indica que el repunte económico de los últimos años está quedando en manos de los multimillonarios.
“A pesar del crecimiento que ha tenido la economía nicaragüense, el crecimiento se concentra en muy pocas personas, ahí hay un alto índice de desigualdad en la distribución del ingreso”, recalca.
Santamaría dice que esta distorsión se origina en parte porque Nicaragua es uno de los países que menos invierte en educación, “que es lo único que garantiza que la gente reciba mejores ingresos, que tenga mejor nivel de calificación y por tanto la disparidad de los ingresos de los que perciben más altos con los más bajos se vaya reduciendo”.
En 2014, según datos del Banco Central de Nicaragua, la inversión en educación representó 2.8 por ciento de su PIB y el 3.2 por ciento fue en salud.
El problema, a criterio del economista es que mientras no se creen las condiciones para reducir la desigualdad, millones de nicaragüenses seguirán siendo pobres, con empleos precarios y de baja productividad. ¿Quién es el responsable de reducir o acrecentar la desigualdad? Santamaría es enfático al asegurar que es el Estado el que con sus políticas económicas traza esa realidad.
“Si yo no recaudo, yo no crezco y si no crezco con equidad, no puedo reducir pobreza, no puedo mejorar las condiciones socioeconómicas de la población”, afirma.
BRECHA ES EXTREMA
El economista Adolfo Acevedo dice que tal es la brecha, que los 210 ultrarricos nicaragüenses representan apenas un 0.0034 por ciento de la población, aunque su fortuna representa 267 por ciento por ciento el PIB de 2013.
Acevedo, quien cita al economista venezolano Ricardo Hausmann, recuerda que “para reducir las desigualdades es preciso invertir en las capacidades de los pobres, que devengan sus ingresos principalmente de empleos precarios e informales, de muy baja productividad”.
Pero invertir en las capacidades de los pobres no será “posible con una recaudación tributaria extremadamente pobre, resultante de un sistema tributario que excluye de la obligación de tributar a los sectores en donde predominan las empresas más rentables y redituables y donde la carga tributaria es extremadamente reducida para los estratos que verdaderamente concentran el ingreso y tiende a concentrarse en los consumidores, los asalariados y los que no están exonerados o no pueden evadirla”.
