Los acontecimientos de Waspam ponen de manifiesto un problema muy grave que exige una pronta y justa solución, a partir del respeto a los derechos de las comunidades indígenas y, en todo caso, la aplicación de la ley para asegurar que tales derechos sean preservados mediante el funcionamiento del sistema jurídico e institucional.
Este problema, cuya gravedad es evidente, demanda una atención inmediata y una solución concreta, a la vez que proyecta, además, una realidad que trasciende a lo inmediato y refleja la existencia de una causa más profunda que revela una situación subyacente, la que, con sus características particulares para cada caso, podría considerarse de carácter general para todo el país.
El problema general consiste en la ausencia de una estructura que, sin perjuicio de las diferencias sociales, económicas y culturales propias de cada uno de los sectores que la componen, debería organizarse y actuar a partir de un conjunto de valores comunes que hacen posible que el grupo o la colectividad, numérica y cuantitativamente considerada, se transforme en una auténtica sociedad, cuando al elemento cuantitativo del grupo, se le incorpora el elemento cualitativo formado por los valores y principios que confieren identidad común, junto a las identidades particulares y las diferencias. Es lo que hemos denominado la “unidad en la diversidad”.
Ni una colectividad desestructurada, “la sociedad disociada”, ni una colectividad uniformada, pues lo que uniforma no une, somete, sino una comunidad integrada sobre los valores y principios comunes, que es lo que hace que el grupo se transforme en sociedad.
En lo que concierne al caso de Waspam, diferentes medios de comunicación se han referido a la creación de una comisión interinstitucional, integrada por diferentes sectores, a fin de lograr acuerdos que contribuyan a solucionar el conflicto.
Aunque al momento de escribir estas líneas no conocemos una propuesta formal, ni disponemos aún de una información adicional que contribuya a completar el conocimiento del tema, consideramos de mucha importancia tener en consideración esa circunstancia por lo que puede llegar a significar, no solo para el caso de Waspam, sino también para el país en general.
La realidad de esta propuesta puede tener en la práctica un sentido positivo o negativo, dependiendo de los objetivos que se persigan y de los medios que se utilicen para alcanzarlos.
Sería sumamente negativo si lo que se busca es alcanzar un control o influencia sobre los diferentes sectores del país, con el fin de obtener el respaldo a las políticas gubernamentales, neutralizar los puntos de vista independientes y diferentes y, en todo caso, influenciar las estrategias que se traten de establecer.
Si fuese ese el caso, estaríamos en presencia de la puesta en práctica de un mecanismo de dominio propio de los sistemas corporativos, pues se estaría estatizando todo tipo de iniciativa y de organización política, económica, social y cultural, y subordinando a los intereses del Estado, y de quien desde el mismo ejerce el poder, los intereses de la sociedad en general.
Por otra parte, la idea de una comisión interinstitucional considerada no solo para el caso específico al que hemos hecho referencia, sino para la situación general del país, sería altamente positiva si fuera pensada para promover un diálogo interinstitucional e intersectorial, y un acuerdo social producto de la concertación, sobre aspectos medulares de la vida nacional, en la que debería darse una iniciativa y una participación determinante de la sociedad, pues en el fondo, el objetivo final es el fortalecimiento de la ciudadanía, condición esencial para la existencia de la democracia y el desarrollo.
La crisis general que estamos enfrentando es expresión de causas que subyacen a los fenómenos visibles e inmediatos a través de los cuales se expresa la ruptura del tejido social: “La sociedad disociada”.
Si nos representamos geométricamente a la sociedad nicaragüense como una pirámide, el primer signo que observamos es el progresivo distanciamiento entre el vértice que forman los sectores gubernamentales y políticos, con el resto de la pirámide, compuesto por los otros sectores de la sociedad.
En la cúpula política se vive la experiencia de problemas que, en buena parte, conciernen a la lucha por el poder político y económico, los que en muchos casos resultan indiferentes para la mayoría de la población, agobiada por el desempleo, el hambre y la falta de servicios básicos como la salud y la educación entre otros.
En el cuerpo de la pirámide, en lo que se denomina la sociedad civil, a pesar de los esfuerzos de organización y participación, no se observa todavía un grado suficiente de unidad que la lleve a constituirse en un factor con el peso suficiente para incidir en forma determinante en los problemas principales que afectan al país.
En términos generales podría decirse que falta un sentido de pertenencia a un todo unitario en el que converjan las diversidades de cada uno de los componentes. Este plano de coincidencias mínimas que falta, este común denominador ausente, en el que coexisten las diferencias, es la nación.
El sentido unitario de país se pierde y en alguna forma eso está ocurriendo, cuando cada uno de los sectores que lo integra confunde la parte con el todo y asume que su segmento, partido, gremio o asociación, es el único y exclusivo representante de los intereses nacionales.
El deterioro del cuerpo social se evidencia principalmente a través de tres manifestaciones: la fragmentación, la poca comunicación, y la indiferencia o insuficiente participación de la mayoría de los componentes de la sociedad en la búsqueda de soluciones a los principales problemas que padece el país.
Los intereses personales por encima de los intereses nacionales, la intolerancia como conducta política, la poca atención a los severos problemas de nuestro pueblo, debido en parte a la concentración de la actividad política en la búsqueda del poder o cuotas del mismo, o en su consolidación o incremento si ya se tiene, son, entre otros, algunos de los comportamientos que han contribuido a acentuar la crisis nicaragüense.
Junto a la atención que requieren los problemas concretos, los que además se suceden unos a otros día a día, es necesaria una concertación que permita alcanzar una respuesta integral. Es imprescindible obtener un acuerdo sobre la democracia, el rechazo a la violencia y la reafirmación de una cultura de paz, al tiempo que se consolide una política estratégica en lo económico, lo social y lo que corresponde a la naturaleza, estructura y función del Estado y sus instituciones.
Un proyecto de país que priorice el papel de la ciudadanía y sea capaz de motivar la participación de los nicaragüenses, hoy desconfiados y escépticos, por más de una razón justificables, en la construcción del presente y futuro de Nicaragua.
El autor es jurista y filósofo nicaragüense.
